Los países latinoamericanos, preocupados por la directiva de retorno de inmigrantes El Ejecutivo garantiza en una reunión con diplomáticos que no afectará la norma española
El ejecutivo español quiere tranquilizar a América Latina. Tras las críticas que ha despertado en estos países la aprobación de la directiva europea de retorno de inmigrantes irregulares, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, se han reunido con los embajadores iberoamericanos para lanzar "un mensaje de tranquilidad". "La política migratoria española no cambia" , han subrayado.
Desde que la semana pasada se aprobó la regulación comunitaria, los líderes latinoamericanos han cargado con la que, al igual que las ONG, han denominado la "directiva de la vergüenza". La norma europea establece, entre otros puntos, que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación. También recoge que los expulsados no podrán volver a entrar en la UE en cinco años.
Para salir al paso de la "inquietud" y los "malentendidos", los dos representantes españoles para la UE y América Latina han se han reunido este martes en el Ministerio de Asuntos Exteriores con representantes latinoamericanos. El objetivo, explicarles la directiva y cómo afecta a la normativa española, así como solucionar las dudas que ha podido suscitar en los gobiernos iberoamericanos, según explicó Trinidad Jiménez al termino de la reunión. El encuentro se ha prolongado una hora más de lo previsto porque los representantes iberoamericanos también han querido manifestar su opinión.
Aseguró Jiménez que en España no se ampliará "nunca" el periodo de detención a 18 meses —el límite máximo que estipula la norma europea para la detención de ilegales—. La secretaria de Estado ha recordado que la ley española ya regula el retorno de los indocumentados y que no hay previsión por ahora de variar el plazo máximo de internamiento, de 40 días. Ha apuntado que el Gobierno está reflexionando sobre la posibilidad de elevarlo a 60 días, aunque "no es una consecuencia directa" de la norma de la UE, sino una garantía para poder completar los procesos de expulsión.
Tanto Jiménez como López Garrido subrayaron que la política española "no va a cambiar" tras la aprobación de la directiva porque el Gobierno defiende la inmigración como un "fenómeno positivo y enriquecedor de nuestra sociedad", y por ello debe ser "legal". Las modificaciones europeas, añadieron, suponen "mejora de los derechos de los inmigrantes en situación irregular".
No lo consideran así los líderes latinoamericanos que se han venido pronunciando desde que los Veintisiete aprobaron por amplia mayoría esta controvertida norma. Este mismo martes, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ha tildado de xenofobia las medidas comunitarias. "El viento de la xenofobia sopla otra vez su falsa respuesta a los desafíos de la economía y de la sociedad. Hoy, como ayer, el desempleo, el hambre y la inestabilidad financiera reclaman mayor coordinación entre las naciones y mayor solidaridad entre los pueblos", ha dicho.
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