El Juzgado Administrativo Nro. 1 de Quilmes rechazó el recurso de amparo interpuesto por Mi Ciudad, con el patrocinio de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles), por el cual solicitamos a la Justicia ordene a la Municipalidad informarnos «la nómina completa de empleados permanentes y contratados con el detalle de nombre y apellido, DNI; antigüedad, actividad desarrollada, áreas en que se desempeñan y sueldo o aporte percibido en tal concepto», pedido que veníamos realizando infructuosamente durante varios meses.La resolución judicial dice que «procurar obtener información relativa a condiciones y datos de otras personas con apoyo en el derecho a la información del art. 12 inc. 4 de la Constitución Provincial, debe guardar una armonía con el resguardo de la intimidad y la privacidad…». Es decir que los varelenses, que pagamos sus sueldos, no podemos saber cuánto cobran los funcionarios Andrés Watson, Ernesto Bargas, la condenada por la justicia Amancia Báez ni el Gran Hermano del Intendente, Hugo Pereyra, por citar solo algunos ejemplos, porque ello lesionaría su «intimidad».Además, el insólito fallo dice que la Comuna no está alcanzada por los efectos de la Ley Provincial 12475 por «no haberse adherido a ella». La norma es precisamente la que establece que «se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos administrativos, es decir, toda representación gráfica, fotocinematográfica, electromagnética, informática, digital o de cualquier otra especie, que contenga datos o informaciones provenientes de órganos públicos del Estado provincial cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente por la ley.»También, se hace referencia en la sentencia al hecho de que algunos de los datos requeridos figuran en la página web de la Municipalidad. Eso, si bien es cierto, y fue puesto en marcha recién después de la acción iniciada por Mi Ciudad, es incompleto: de allí no surge cuántos empleados son de F. Varela y cuántos de otras localidades, ni cuánto cobra cada uno, entre otros datos fundamentales que no deberían ocultarse sino estar al alcance de cualquier contribuyente.
Quieren más plata
El Juzgado, que rechazó el amparo, reguló los honorarios de los abogados comunales Natalia Carina Bruzzone (cuñada del funcionario Watson) en 500 pesos, Ana Esquivel en 800 pesos, y Oscar Fink en 325 pesos. Pero los letrados apelaron la medida para pedir que les suban estas cifras por ser «bajas».En las últimas horas, Mi Ciudad apeló este vergonzoso fallo que constituye un nuevo obstáculo a la libertad de expresión.Sobre el cierre de esta edición, FOPEA y ADEPA fueron puestas en conocimiento de este lamentable hecho.
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