Carmen Argibay: "Arreglar los Institutos de menores no da réditos políticos"
Carmen Argibay: "Arreglar los Institutos de menores no da réditos políticos"09:08La ministra de la Corte dice que no se hace nada para alejar del delito a los chicos. Reclama una ley para menores de 18 años. Y pide un plan al Gobierno. Su enojo con los medios. Por: Gerardo YoungAUTOCRITICA. "Los jueces tenemos que tener más imaginación para hacer que los chicos estén protegidos".La ministra Carmen Argibay, encargada en la Corte Suprema de Justicia de los asuntos de infancia, es la voz más autorizada del Poder Judicial sobre el drama de la violencia juvenil. Desde siempre enemiga de bajar la edad de imputabilidad de los menores -"no sirve para nada"-, la semana pasada sorprendió al declarar que los chicos detenidos en institutos pueden ser blancos móviles si se los devuelve a la calle. Fue en respuesta a las críticas que recibió un fallo de la propia Corte, que el martes impidió la liberación de un grupo de chicos de entre 14 y 16 años detenidos en uno de los institutos de la ciudad de Buenos Aires. En una charla con Clarín, Argibay se explica y se enoja con los políticos y con los medios de comunicación, que según cree la han puesto en el centro de "un tema que se ha magnificado". Para empezar, responde a las críticas que cuestionaron a la Corte por haber aceptado como legítima la vieja Ley de minoridad, de 1980, que permite mantener en el encierro a los menores de 16 años.-El problema es que el Estado tiene una responsabilidad y no se puede anular una ley (la de 1980) sin poner otra en su lugar. Punto dos: el doctor Emilio García Mendez (el que hizo el planteo), que es legislador, tiene que molestar a sus colegas para que cambien la ley. Punto tres: cuando una ley ha sido convalidada por el Congreso, como en este caso, ya no es más una ley de la dictadura, es una ley de la democracia. Un problema que se plantea es que cada jurisdicción tiene su manual sobre el tema. ¿No hace falta un sistema homogéneo?Claro que nos gustaría que haya una ley única, como hay un Código Penal único. Así es como debe ser. El sistema penal con respecto a los menores debería ser aplicable exactamente igual en todas las provincias.¿Que ley que le gustaría?Yo tengo ideas, pero no soy legisladora. Y formo parte de un tribunal colegiado. Además, nosotros estamos acostumbrados a no trabajar en abstracto. Trabajamos en casos concretos, sobre leyes concretas. Nuestra misión es examinar lo que hacen los legisladores y el Poder Ejecutivo. Esa es nuestra tarea.¿Ustedes conocen la realidad de los institutos de menores?Yo conozco la realidad de los institutos. Fui secretaria de un Juzgado de menores, fui secretaria de un Juzgado de Sentencia, Tutelar de menores. He recorrido todos los institutos. Incluso después, siendo juez de la Cámara del Crimen. Ha sido hace muchos años, pero sigo en contacto con los que trabajan en el tema y no dejan de contarme. Yo sé lo que pasa. Sabemos que a los Institutos de menores hay que mejorarlos, cambiarlos, hacerlos de nuevo. Pero lo que pasa es que cuando no se puede cortar la cinta y tener la foto, nadie hace nada. Arreglar un Instituto no da rédito político.En muchos casos los encierran en calabozos...Es terrible, son como presos. Pero dónde los ponemos. Eso es lo que yo quiero, una ley penal juvenil o llámenla Susanita, como quieran. Quiero una ley que resuelva qué se hace cuando entran en conflicto con la ley penal los menores hasta los 18 años, que son niños de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos la imputabilidad fijada en 16 años para arriba, entonces de 16 a 18 van a tener que tener un régimen especial, y de 16 para abajo otro distinto. Yo no sé cuál es el régimen ideal o el Instituto ideal. Y quisiera que no tuviéramos chicos en conflicto con la ley penal, pero para eso tendríamos que tener un sistema de prevención de los organismos del Estado. Que empieza por la educación, por la alimentación, por darles un hogar como la gente, darles una atención como la gente. Cómo puede una criatura aprender a querer algo, si a él no lo quieren. Si uno se pone delante de un bebé y juega y le sonríe y le habla y lo atiende, ese bebe está estimulado y va a aprender. Si uno lo tiene sentado en la silla y lo único que el chico ve es una cara adusta que le mete la cuchara con el alimento y le limpia la boca así nomás y no le contesta las sonrisas o el llanto, no va a tener la misma formación y las mismas posibilidades. Desde chiquititos hay que atenderlos. Y eso es deber del Estado.¿Eso es deber del Estado?Está en la Convención de los Derechos del Niño y en la Constitución. Hay que hacer planes de inclusión social para los padres, darles vivienda, trabajo, educación, sistemas de salud, para que los niños no tengan el día de mañana problemas con la ley penal.La reinserción es responsabilidad del Estado y tampoco se cumple.Ese es el problema. Cuando nosotros decimos que la ley se tiene que cumplir, nos acusan de meternos a gobernar. Nosotros no queremos gobernar, lo que hacemos es decir que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con lo que se comprometió a cumplir. Si no, que no se comprometa. Y si no, tampoco puede exigir...No puede exigir, evidentemente. Le voy a contar una historia. Cuando se firmaron en Naciones Unidas los Pactos Internacionales, en los años cincuenta, se tuvieron que firmar dos pactos diferentes, uno sobre derechos civiles y otro sobre derechos sociales. Los países occidentales se comprometieron a cumplir el Pacto de los derechos civiles: libertad de expresión, libertad para elegir, perfecto. Pero el otro pacto, el social, ese dijeron que no, no podemos hacerlo, dar trabajo o casa depende del libre mercado. El otro lado del mundo hizo al revés. Dijeron nosotros le vamos a dar la casa a todos y trabajo. Pero los comunistas no firmaron el pacto de los derechos civiles. Ahí era el partido el que decidía. Por esa razón, los dos Pactos salieron por separado: por un lado los derechos civiles y por otro los sociales. Pero nosotros, Argentina, firmamos los dos Pactos. Y están en la Constitución. Entonces: si no vamos a cumplirlos, ¿para qué los firmamos? ¿Cómo ve a la sociedad parada frente a esto? ¿Por qué habló de una sociedad esquizofrénica?Porque tenemos una sociedad que es esquizofrénica. La sociedad está queriendo cada vez más matar a todo el mundo, en vez de incluir. Y el periodismo está fomentando todo esto.¿Se refiere a la cobertura del crimen del ingeniero Barrenechea?Ese es uno de los temas que más me tiene precoupada. Veamos ese caso. ¿Cuántos eran? Parece que eran cien mil. ¿Todos estaban metidos? Que Brian, que Kitu, que el otro. yo ya perdí la cuenta, ya llevo como cinco o seis detenidos. Tengo la sensación de que hay alguno de más. Punto dos: a Kitu ¿quién lo encuentra? Sus vecinos. La policía no lo encuentra. Y sus vecinos lo entregan. ¿Qué pasa?¿Pregunta para quién trabaja?¿Para quién trabaja este pibe? Si la policía no lo encuentra, es porque lo está protegiendo. Y si lo está protegiendo, es por algo. Dos más dos son cuatro. Todavía no han logrado convencerme que son tres. Si la policía lo protege y el pibe sale a robar y no se hace rico, para quién trabaja. Los cafishios de los pibes son los que lo mandan a robar. Y los explotan porque saben que son menores y aún con esta espantosa ley, los menores tienen ciertas ventajas.Usted culpa al periodismo, pero los medios muchas veces se hacen eco de lo que dicen los funcionarios. El ministro Carlos Stornelli (de Seguridad bonaerense) se refirió a uno de los sospechosos del crimen de Barrenecha como un "peligrosísimo delincuente"Sí, es un lenguaje absolutamente inadecuado y me extraña que lo use el ministro Stornelli, que es un hombre que proviene del Poder Judicial. Porque nosotros llamamos delincuente a una persona que ha sido condenada. No por los medios, sino en un juicio.¿Cree que hay mucha condena en los medios?Hay muchísima condena en los medios. Es terrible. Y además fogonean. Y entonces la gente dice porque yo lo vi en los diarios, porque yo lo vi en televisión... Quizás esa "condena" responda a la poca condena que hay en la Justicia. ¿No hace un poco de autocrítica?Nosotros en el fallo (del martes pasado) hemos dicho: al Poder Ejecutivo que se ocupe de los institutos, a los legisladores que legislen y a los jueces de menores que controlen. Pero los jueces no van a las cárceles...Los jueces de menores van y los defensores de menores van mucho y se preocupan. ¡Y cómo! Claro que hay algunos que no, pero la mayoría sí se ocupa. La Defensora general ha llamado la atención de algunos. Yo recibo todos los meses infomes de los defensores de menores sobre lo que ven en las cárceles. Pero ojalá pudiéramos hacer las cosas más rápido. Y tener imaginación para poner a estos chicos en una situación de protección, pero que no tengan que estar encerrados. De repente, en una familia hay problema con uno de los chicos, al que los padres no pueden manejar. Pero de repente hay un tío que sí lo puede manejar, por sintonía o por lo que fuera. ¿Por qué no se lo podemos entregar al tío? Eso pasa en cualquier familia. Yo tengo una familia muy larga y de repente uno se siente mejor con uno que con otro. Entonces por qué se lo voy a dar a los padres si no lo pueden manejar y el tío lo quiere y lo puede manejar. Los jueces pueden hacer eso, pero a veces no se animan. Porque está la crítica, que los padres son sagrados, etc.A qué se refirió cuando la semana pasada dijo que los chicos de los institutos corrían peligro si eran liberados? Habló de gatillo fácil.¿Acaso no hay gatillo fácil? Todo el mundo lo sabe. Y gatillo fácil es la policía...¿Infiere que casi todos estos chicos trabajan para la policía?Yo infiero que casi todos estos pibes están marcados por la policía. Unos trabajan para la policía y los protegerán hasta el día que el pibe abra la boca y ahí lo matan. Hay que sacarlos del barrio, usar algún sistema tipo testigo protegido, cambiarles el nombre..Pero acordar eso es imposible si los jueces no tienen una buena relación con el Ejecutivo.Exactamente. Y si el Poder Ejecutivo no tiene un buen programa. Pero la pregunta es: ¿quiere el Ejecutivo tener un buen programa para los chicos que declaran en contra de la policía que depende del Poder Ejecutivo?
"Si liberaban a los pibes chorros hubieran muerto por gatillo fácil"
"Si liberaban a los pibes chorros hubieran muerto por gatillo fácil"La jueza del Máximo Tribunal argumentó el fallo que impidió la liberación de 60 chicos detenidos en un instituto porteño. "Fue para protegerlos de la muerte, porque están marcados", dijo. Reiteró que bajar la edad de imputabilidad "no sirve". La jueza de la Corte Suprema defendió el fallo unánime que frena la libertad de 60 menores de 16 años, acusados de delitos penales. (Télam)La jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay explicó por qué el Máximo Tribunal frenó la liberación de 60 menores detenidos en el instituto porteño San Martin para protegerlos del "gatillo fácil y la muerte"."Estos chicos están marcados", dijo la magistrada en declaraciones al ingresar al Palacio de Justicia.Argibay explicó que antes de ordenar la libertad de los menores se debe conocer en qué situación familiar y de habitabilidad se encuentran y recordó que el fallo ordena a los jueces de menores que se ocupen de ello."No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo", dijo la jueza y sostuvo es un tema que "tiene que ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo en todo caso a través de leyes"Argibay volvió a manifestarse en contra de bajar la edad de imputabilidad sobre quien refirió que "no sirve para nada" al igual que "subir penas indiscriminadamente" e "incluir delitos insólitos en el Código Penal" ya que "cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones peor va a ser la vida social".Por otra parte, la jueza dijo que la sociedad es "esquizofrénica" sobre sus reacciones por la inseguridad al comparar dos marchas que se hicieron en San Isidro, una reclamando justicia por el asesinato de Ricardo Barrenechea y otra por la inocencia de uno de los menores detenidos."La Constitución dice que son inocentes hasta que se demuestre lo contario. Y eso no se demuestra en los canales de televisión, ni en las marchas, ni en los diarios ni en ninguna parte más que en un juicio", afirmó.Argibay.LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL. Ayer, la Corte Suprema revocó por unanimidad un fallo de la Cámara Nacional de Casación que ordenaba la libertad de 60 chicos menores de 16 años, acusados de diferentes delitos penales, e instó al Gobierno y al Congreso a adecuar la ley sobre menores a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño.La Corte hizo lugar a un recurso formulado por el fiscal Raúl Plee y revocó la medida que a fines del año pasado había dictado la Sala III de Casación. Para el Tribunal es de "urgencia y necesidad" que los "organismos administrativos nacionales y locales (este último en referencia al ámbito porteño) emprendan las acciones necesarias con el propósito de trazar y ejecutar políticas públicas que tiendan a excluir la judicialización de los problemas que afectan a los menores no punibles". El fallo, que lleva la firma de la totalidad de los ministros de la Corte, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño, en octubre de 2002, ya había expresado "su preocupación" respecto de que la ley vigente en el país "no traza una distinción clara entre niños que necesitan protección y cuidado y niños en conflicto con la ley penal". Por otra parte, la Corte le encomendó a los jueces "velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente", lo que "implica escucharlos con todas las garantías a fin de hacer efectivos sus derechos". El 18 de marzo pasado, la Corte había suspendido la medida dictada en diciembre de 2007 por la Cámara de Casación que había ordenado liberar a los menores de 16 años detenidos en la Capital Federal, luego de un pedido formulado por la Fundación Sur. Ahora, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Maqueda, Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi revocaron ese fallo.
La lucha contra el sida, una acción de todos
La lucha contra el sida, una acción de todos A principios de los ochenta, un cuadro clínico desconocido alarmó a los especialistas. No duró mucho el desconcierto inicial, investigaciones epidemiológicas y virológicas llevaron hace 25 años a la identificación (reconocida con el Nobel de Fisiología y Medicina) del virus causante del sida, el VIH. Esto marcó el inicio de una imponente respuesta de médicos, sanitarios, investigadores, líderes políticos y sociedad civil ante una grave amenaza de salud pública.La prevención sigue siendo la prioridad desde la salud públicaEl Día Mundial del Sida, que cumple su vigésimo aniversario, es motivo para hacer balance y reforzar los compromisos para continuar la reducción del impacto de este virus en la salud y el bienestar de la población mundial. Es mucho lo alcanzado, pero aún queda mucho por hacer.Casi 60 millones de infectados desde el inicio de la pandemia en el mundo y la mitad han muerto. Se ha avanzado en prevención, terapias y control de la epidemia, con efecto palpable en países como España, donde ha caído mucho la mortalidad. El reto: mantener y profundizar en los avances mientras sus efectos se extienden a quienes más los necesitan. No olvidemos que sólo un tercio de los que lo requieren recibe tratamiento y que por cada persona que inicia tratamiento hay más de dos infecciones nuevas. Siguen siendo necesarios la voluntad y el liderazgo político, la aportación financiera y social sostenida y una adecuada visión científica y de salud pública.Las sendas abiertas aportan sólidos fundamentos para afrontar el futuro y han enriquecido nuestras estrategias globales de salud pública. Hemos aprendido el valor práctico de proteger los derechos humanos y comprobado cómo la prevención es más justa y efectiva al aplicarse con respeto y luchando contra la discriminación y el estigma. Ésos son los principios rectores de la estrategia del Ministerio de Sanidad y Consumo. Para su desarrollo, contamos con la sociedad civil, las ONG comprometidas, clave de la estrategia. Y en este plano se enmarca la iniciativa del ministerio de financiar las intervenciones para corregir la lipodistrofia facial.Nuestro enfoque es pues integral, trazando acciones que aseguran la calidad de vida de los afectados, proveen acceso equitativo, universal y gratuito a tratamientos efectivos y desarrollan acciones de alcance a colectivos desaventajados. La estrategia preventiva debe integrar el conocimiento de los determinantes sociales, por ello, prima a los más vulnerables y tiene en cuenta hechos clave en el riesgo de adquirir el VIH, como las relaciones de género.Otro buen camino trazado ha sido el investigador. Equipos multidisciplinares trabajan estrechamente para innovar y trasladar el conocimiento a la práctica preventiva y clínica. Así, son dignos de elogio quienes aúnan un trabajo clínico excelente con una labor investigadora incansable y muestran qué incentivos guían a los profesionales de los servicios públicos de salud, la dignidad del trabajo bien hecho y la investigación que redunda en beneficios sociales. Un buen ejemplo es el ensayo en fase I de una vacuna frente al sida, desarrollada por investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dirigidos por Mariano Esteban.El ministerio entiende que problemas como el sida requieren una oportuna gobernanza de todos. Por ello, a través de la Fundación para la Investigación y Prevención del Sida junto a la industria farmacéutica, financiamos investigaciones en este ámbito, que, gracias a la calidad y colaboración de los investigadores, están alcanzando liderazgo mundial en áreas como el trasplante hepático en personas infectadas por el VIH.Pero la prevención sigue siendo la prioridad desde salud pública. En España, la epidemia alcanzó en los noventa las tasas de infección más altas de Europa. Hoy el curso de la infección es favorable, pero, para tener un futuro positivo y financieramente sostenible, hay que esforzarse en prevenir.Profundizar en innovación, en gestión eficiente del conocimiento y en calidad de los servicios sanitarios es crucial en el proyecto del Gobierno de España. Esto concierne a la asistencia y a la prevención y las estrategias preventivas deben basarse en la evidencia de su efectividad. Hoy, con una epidemia que se transmite por vía sexual en cinco de cada seis nuevos casos, el acceso al tratamiento, la educación, la distribución de preservativos, el test de VIH confidencial y con asesoramiento y los mediadores son estrategias que funcionan. Debemos acercarlas a los más vulnerables.Precisamente la equidad y solidaridad, principios básicos de la acción del Gobierno, son clave en salud pública para modificar los determinantes sociales que están en el origen de la enfermedad. Así, estos principios se extienden a nuestra política de cooperación: la ayuda española para la respuesta global a las grandes amenazas para la salud es solidaria, se fundamenta en evidencia científica y se dirige a quien más lo necesita.Nuestra preocupación por el sida se convierte por tanto en acción, como reza el eslogan de este año de ONUSIDA, una acción basada en la aplicación práctica de los derechos humanos y en los compromisos de equidad y solidaridad, vía segura para atajar los principales problemas de salud pública global.
Esa costumbre de creerse mejor que el otro
Esa costumbre de creerse mejor que el otroEl Inadi conformó el primer mapa de la discriminación en el país, que evidencia el qué, cómo y dónde del prejuicio argentino. El 30 por ciento fue discriminado alguna vez.Tres de cada diez argentinos fueron discriminados alguna vez. Cerca de cinco presenciaron un acto de discriminación. Pero apenas seis de cada cien hicieron alguna denuncia o conocen a alguien que la haya hecho. Estos son los datos centrales de una investigación que llevó a cabo el Inadi durante un año y medio en todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires para conformar el primer mapa de la discriminación en el país. El estudio evidencia otra situación preocupante: el 70 por ciento de la sociedad se caracteriza por tener pensamientos o prácticas discriminatorias. Es decir, siete de cada diez argentinos discriminan.La encuesta, cuyos resultados serán presentados oficialmente hoy, se desarrolló desde diciembre de 2006 hasta junio de este año. Participaron varias consultoras: Analogías, CEOP, OPSM y Ricardo Rouvier y Asociados y tuvo como objetivo conocer las percepciones y representaciones en relación a la discriminación, las prácticas discriminatorias y los prejuicios en el país. “Es la primera vez que se recorren todas las provincias para tener un panorama de la discriminación –explicó María José Lubertino, presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo–. Esto será una hoja de ruta que guiará la formulación de las nuevas políticas públicas sobre el tema” (ver aparte).La encuesta se basó en datos individuales de percepción, pero también indagó en prácticas discriminatorias en los medios de comunicación, en oficinas públicas, empresas y centros de entretenimientos de todo el país.Según el informe, la percepción de prácticas discriminatorias está presente en la sociedad argentina de manera muy fuerte: más del 80 por ciento de los consultados considera que en la Argentina se discrimina mucho o bastante. Entre las provincias con mayor percepción figuran Neuquén, Catamarca, Chaco, Formosa y La Pampa. En el otro extremo están Tucumán y Entre Ríos.El grupo que más padece los prejuicios y la discriminación está conformado por las personas en situación de pobreza: alrededor del 75 por ciento de los encuestados reconoció que se las discrimina “mucho” o “bastante”. El 67 por ciento consideró que se discrimina “mucho” o “bastante” a las personas con sobrepeso; casi el 62 por ciento, a las personas con enfermedades contagiosas, y el 52 por ciento, a las personas con discapacidad.“La alta discriminación por pautas estéticas, principalmente la obesidad, fue una sorpresa que brindó el estudio: no estaba en el imaginario que ese grupo concentrara una de las mayores percepciones de discriminación”, indicó Lubertino.Frente a la pregunta de si alguna vez fue víctima de algún acto discriminatorio, el 32 por ciento de los consultados contestó que sí. El Litoral (Misiones, Entre Ríos y Corrientes) constituye la zona donde se percibe mayor nivel de discriminación (42,3 por ciento). Por encima de la media nacional figuran además Neuquén, Tucumán y el Gran Buenos Aires.El índice de la vergüenzaLos datos de la investigación permitieron elaborar el “índice de discriminación”: se trata de un valor de entre 0 y 10 puntos donde un puntaje mayor indica menor nivel de concepciones discriminatorias. El índice fue conformado sobre la base del acuerdo de los entrevistados en torno de un conjunto de frases que remiten a probables situaciones de discriminación.Por ejemplo, ante la afirmación “la mayoría de los delincuentes no tiene recuperación”, un 47 por ciento de los encuestados consideró estar de acuerdo. Las cifras mayores se registraron en Córdoba (61,5 por ciento) y la menor proporción (29,5 por ciento) lo hizo en Capital Federal.Otra frase fue “si mi hijo fuera homosexual debería llevarlo a un profesional de la salud”: casi el 40 por ciento respondió que coincide. Las cifras más abultadas se dieron en San Luis (60 por ciento), Salta (54,4), La Rioja (52,6) y Misiones (52,2%). Con el 23,3 por ciento, Tierra del Fuego tuvo el porcentaje inferior.“Las/os trabajadoras/es que vienen de países vecinos les quitan las posibilidades a los trabajadores argentinas/os” fue otro de los conceptos consultados: el 44,5 por ciento dijo que eso es verdad. Es más, un 51,4 dijo identificarse con la frase “la Argentina debe ser sólo para los argentinos”, en contraposición con la afirmación: “La Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera”.Así, el índice mostró que un 70 por ciento de la sociedad discrimina, es decir, que se caracteriza por tener pensamientos o prácticas que segregan. Ese porcentaje está conformado por un “núcleo duro” que se posiciona con una alto nivel de prácticas discriminatorias. El resto (un 55 por ciento), se ubica en un nivel medio. En el mapa nacional, las provincias con menos niveles de discriminación, según ese índice, son Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, San Juan y Neuquén. Los distritos con valores más preocupantes son Corrientes, Catamarca, Salta y Jujuy. En la ciudad de Buenos Aires, el “núcleo duro” se reduce al 6 por ciento, el nivel medio llega al 67 por ciento y el porcentaje con menores actitudes discriminatorias es de 27.La investigación también indagó en los ámbitos donde se discrimina. La escuela obtuvo uno de los valores más altos. “¿En qué medida la televisión reproduce prácticas discriminatorias?”, fue otra de las consultas. El 44,6 por ciento respondió “mucho” o “bastante” y un similar 44,3, “poco” o “nada”.Las entrevistas fueron domiciliarias, con un universo de población de 18 a 74 años, de ambos sexos y seleccionados según cuotas de género y edad. “Este mapa nos permite conocer la realidad provincia por provincia, municipio por municipio. Conociendo la situación en cada lugar, en cada ámbito, podremos en conjunto con las autoridades locales encarar las políticas públicas necesarias para revertir las actitudes y las creencias discriminatorias”, señaló Lubertino. Hay indicadores que son favorables para esa tarea, de todos modos: más de cinco personas de cada diez conocen que la discriminación puede ser denunciada judicialmente, cerca de cinco de cada diez sabe de la existencia de una ley nacional contra la discriminación y más de siete de cada diez señala que el gobierno nacional debería darle una importancia significativa al tema.
