miércoles, 26 de marzo de 2008

"Están haciendo un paro contra la sociedad y no contra el gobierno"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández consideró que el paro agropecuario con cortes de rutas es una medida contra la sociedad y no contra el gobierno.

En diálogo con FM CIELO, el funcionario dijo que “todos hemos peleado para tener la libertad de expresarnos y están en su derecho, tanto los que están de acuerdo con el gobierno como los que no, “pero cuando expresarse significa que alguien se arrogue el derecho de pararse en una ruta y cortándola impida que llegue la harina, carne, cereal o leche, está haciendo un paro contra la sociedad y no contra el gobierno”.

En ese marco, advirtió que si bien “no vamos a reprimir porque nunca lo hicimos y siempre intentamos hacer las cosas de la mejor manera, debemos garantizar la libre circulación y el Estado debe poner a la Policía para actuar en este caso”.

“Veremos cuales son las rutas que tenemos que proteger para que pueda funcionar el movimiento de bienes y el que no lo entienda tendrá que ir detenido, ya sea con Prefectura o Policía Federal”, amplió.

Sobre la rígida postura del campo y los cuestionamientos al gobierno por “no dialogar”, Fernández consideró que “las políticas públicas se hacen pensando y trabajando con la gente. Se habla, se charla, se comprende y se realizan propuestas. Nunca se cierra el canal de diálogo y cuando no hablaron fue porque no quisieron. Cuando quieran hablar se pueden sentar, pero con condicionamientos y paros no”.

Estas declaraciones fueron realizadas en la Suprema Corte de Justicia bonaerense con sede en La Plata, previo a la firma con su par provincial, Ricardo Blas Casal, de un acuerdo para regular la aplicación de la ley nacional que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires, adhirió a la Ley Nacional 25.854, que crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. En tal sentido, el Poder Ejecutivo convoca a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de coordinar la implementación del mismo.

La Suprema Corte introducirá informáticamente en el Registro los datos de los aspirantes admitidos, lo que constituye un instrumento puesto a disposición de los magistrados.

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