La Cámara alta convirtió en ley el proyecto oficialista de medios

El Senado convirtió en ley luego de una agotadora sesión, el proyecto del Poder Ejecutivo de Medios de Comunicación Audiovisual, que remplazara la ley 22.285 del gobierno militar y que busca garantizar la democracia, los derechos humanos y el pluralismo. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 24 votos en contra. Los Senadores del oficialismo defendieron la iniciativa y la oposición lanzo duras críticas y reclamo modificar algunos artículos, sobre todo el de la autoridad de aplicación para garantizar la libertad de expresión.
La controvertida iniciativa fue apoyada por la totalidad del bloque Kirchnerista y legisladores del ARI de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, Fuerza Republicana, el partido Socialista y una senadora radical por Corrientes.
Se opusieron, la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y partidos provinciales como el Vecinalista de Córdoba y el Renovador de Salta.
Hubo, asimismo, legisladores que aprobaron en general el proyecto, pero que se sumaron a la oposición en el cuestionamiento de algunos artículos como el 161, que obliga a las empresas que tengan más licencias de las que permite el nuevo régimen a venderlas.
Fue objeto de críticas la facultad que el presidente de la Nación tendrá para entregar licencias en las ciudades más grandes del país y la integración del organismo de aplicación en el cual el oficialismo gozara de una posición hegemónica.
En términos generales el oficialismo fundamento su apoyo al proyecto el la lucha contra un monopolio mediático que atribuyo al Grupo Clarín y en la derogación de la ley de radiodifusión del último régimen de facto. Los legisladores Kirchneristas argumentaron también que con la nueva norma se democratizaría la comunicación social y se daría voz a sectores minoritarios, organizaciones sin fines de lucro y cooperativas.

La oposición, puso énfasis en que el gobierno intenta manejar discrecionalmente el otorgamiento de licencias para reemplazar a un monopolio privado por un monopolio estatal y cuestiono la aprobación a libro cerrado el proyecto con sanción de la Cámara baja. También, destaco la inseguridad jurídica que generara la nueva norma y la lesión a los derechos adquiridos de licenciatarios que demandaran al estado por cifras millonarias. Se denuncio al mismo tiempo la presunta intención gubernamental de favorecer a grupos empresarios amigos para que adquieran medios de comunicación.