BUENOS AIRES.- El inmenso humedal Esteros del Iberá, en el noreste argentino, es objeto de una polémica entre intereses conservacionistas y empresariales, con actores privados y públicos repartidos en los dos bandos. La punta del iceberg de esas tensiones apareció este mes, cuando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes ordenó demoler de inmediato un terraplén de 27 kilómetros construido sin estudio de impacto ambiental por empresarios forestales en la Reserva Natural Esteros del Iberá.
La reserva, creada en 1983, está conformada por 13.000 kilómetros cuadrados de lagunas poco profundas, bañados, pastizales, selvas y palmares que son hábitat de 125 especies de peces, 40 de anfibios y 60 de reptiles, además de 344 de aves.
También allí viven mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus), voz guaraní que significa "zorro grande", y dos especies en peligro de extinción: el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), un tipo de ciervo sudamericano.
Pero cerca de 60 por ciento de la reserva está en manos privadas y 90 por ciento de esa porción corresponde a suelos no inundables. Sus propietarios se dedican a la ganadería, la forestación y el cultivo de arroz y pasturas. El 40 por ciento restante, bajo dominio público, está bajo agua.
Esto ha provocado que los productores estén a la defensiva por temor a que se restrinja la actividad económica y a que los ecologistas reclamen el fortalecimiento del control estatal de una zona única, dinámica y frágil.
Pero en el bando de los ambientalistas milita The Conservation Land Trust (conocida por la sigla CLT) una organización fundada en 1992 por el millonario estadounidense Douglas Tompkins, que está adquiriendo tierras en la zona con el declarado fin de donarlas al Estado y ampliar el área protegida de Iberá..
"Ya se adquirieron 130.000 hectáreas, pero no se van a donar hasta que no se garantice la preservación", dijo a Tierramérica la bióloga Sofía Heinonen, directora del Proyecto de Conservación de los Esteros de CLT. "Esperamos hacerlo en menos de 20 años", añadió.
Mientras, CLT fomenta actividades para crear conciencia en la población local y fortalecer a las instituciones que deben controlar la reserva. En ese marco, apoyaron la acción judicial iniciada en 2005 por un poblador contra la construcción ilegal del terraplén.
Bruno Leiva, oriundo del Paraje Yahaveré, denunció a la empresa Forestal Andina por construir una muralla de un kilómetro sobre los esteros, sin estudio de impacto ambiental. La justicia ordenó derribarlo, pero el proceso de apelaciones siguió y la obra también.
"La zona es muy baja y el terraplén hace que no haya agua o que se inunde mucho más que siempre", explicó Leiva a Tierramérica. "En el paraje somos 14 familias y si no me hubiera presentado yo, lo habría hecho cualquier otro porque nos están acorralando", aseguró.
Cuando el litigio llegó al máximo tribunal que falló este mes, el terraplén tenía ya 27 kilómetros de extensión. El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), con poder de control y policía en la reserva, nunca le puso freno.
"Desde 2005 reclamábamos al ICAA que acreditara la existencia de un estudio de impacto ambiental por el terraplén y nunca lo hizo", dijo a Tierramérica la abogada patrocinante de Leiva, Patricia Mc Cormack, que trabaja como asesoría jurídica de CLT.
Por eso Mc Cormack ha denunciado también a los funcionarios de esa entidad por incumplimiento de sus deberes de control.
El dictamen fue celebrado por las fundaciones Proteger, Vida Silvestre y Ambiente y Recursos Naturales, entre otras.
La abogada prepara más litigios contra otros terraplenes sin estudios de impacto ambiental y contra productores arroceros por contaminación del humedal.
"Toman agua de las lagunas sin permiso de uso y sin abonar cánones obligatorios, y no están sometidos al control del ICAA pese a que utilizan químicos que afectan la calidad del agua", aseguró.
Las estrategias de CLT son resistidas por Iberá Patrimonio de los Correntinos, una organización de productores agropecuarios que acusan a Tompkins de llevar a cabo la "extranjerización" de las tierras de Iberá.
"Trabajé 14 años en la Administración de Parques Nacionales, y decidí incorporarme a CLT porque conozco el antecedente de la donación que hizo Tompkins de Monte León", dijo Heinonen, en referencia a 62.000 hectáreas que el filántropo compró y donó, en la austral provincia de Santa Cruz.
"Nada indica segundas intenciones en el esfuerzo de Tompkins. Su conducta fue demostrada en la donación que hizo posible la existencia del Parque Nacional Monte León", dijo a Tierramérica el titular de la Fundación Proteger, Jorge Cappato, activa en toda la región litoral, extremo nororiental de Argentina.
"La actividad agropecuaria y forestal en esa región debe responder a un ordenamiento territorial", añadió Cappato.
El problema es que algunas empresas "quieren utilizar el lugar para terminar plantando soja o eucaliptos dentro de la reserva y eso no se puede permitir", finalizó.
Por Marcela Valente
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