El gobernador Felipe Solá anunció esta tarde que enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para poder otorgar un subsidio a padres de desaparecidos, muertos y asesinados por la última dictadura militar.
El mandatario provincial fundamentó la medida señalando que “estamos acompañando políticas a nivel nacional que tienden a garantizar la integridad moral y material de aquellos que padecieron la desaparición forzosa y muerte de sus hijos en el período de represión ilegal; que no han sido beneficiados por ningún tipo de leyes reparatorias hasta la fecha”.
En ese sentido indicó que “vamos a otorgar un subsidio mensual y vitalicio a los progenitores de personas que hayan sido secuestradas, desaparecidas o muertas por causas de represión ilegal en la provincia de Buenos Aires”.
Solá precisó que se tomarán los casos ocurridos “entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983” y que el beneficio “tendrá que ser solicitado antes del 31 de diciembre del presente año”; aunque aclaró que “es posible que hagamos extensivo esto a gente que ha tenido un hijo desaparecido en la provincia de Buenos Aires posterior a esa fecha”.
Respecto del monto del subsidio, Solá puntualizó que “una vez que salga la ley el beneficio va a ser el equivalente al de un agente del agrupamiento personal jerárquico categoría 24, con 30 horas de labor; es decir, 2 mil pesos por mes aproximadamente” .
“El apoyo económico – continuó- que será acompañado por la cobertura de IOMA- no va a ser incompatible con sueldos, honorarios y o jubilaciones que pueda percibir el beneficiario” y dijo que “reviste carácter de personal, será inembargable y no podrá ser cedido ni transmitido por ningún acto jurídico”.
Por otra parte Solá indicó que estudiará si la Provincia adhiere a una ley nacional para reivindicar a integrantes de fuerzas de seguridad que se negaron a ejercer la represión ilegal en la última dictadura militar.
“Me acaban de solicitar y voy a ver si podemos adherir a la ley nacional que reivindique, de alguna manera, a quienes siendo integrantes de fuerzas de seguridad - en el caso de la provincia de Buenos Aires serían policías y/o personal del Servicio Penitenciario- se hayan negado a la represión o se hayan revelado y por esto hayan sido detenidos, torturados y/o desaparecidos”.
Consultado por la prensa acerca de la cantidad de personas que integraría la lista, Solá explicó que ésta “es pequeña pero muy reivindicativa e importante, porque integrar una fuerza de seguridad y revelarse frente a esas órdenes era un acto de enorme coraje”.
“Esta lista la hizo una persona que integraba la Policía y que hoy es alguien de relevancia, porque actúa también como testigo”, concluyó el Gobernador.
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