Conocimientos y lucha para la escuela que queremos construir.

Por Silvia Almazán, Secretaria de Educación y Cultura, SUTEBA.
Desde mediados de los 90 se implementó en la provincia de Buenos Aires, por decisión política de Duhalde y Giannettasio, la ley federal de educación. Las consecuencias en la educación pública bonaerense, se expresaron tanto en la fragmentación del sistema educativo, en las fracturas en la organización escolar, en el deterioro de las condiciones de enseñar y aprender, y se evidenciaron fundamentalmente en la exclusión educativa de cientos de miles de niños y jóvenes. A través de nuestras luchas fuimos haciendo visible, lo que la propaganda oficial ocultaba, el fracaso de la EGB como unidad pedagógica, el proceso creciente de destrucción de la escuela secundaria, el desguace de la educación técnica y agraria, el abandono de la educación inicial, especial, de adultos, artística y física, las apresuradas modificaciones de la formación docente, una capacitación docente compulsiva y el desdibujamiento de la tarea pedagógica y preventiva de los EOE.Relevamos y denunciamos el aumento de los niveles de deserción, ausentismo, sobreedad y fracaso escolar, así como las graves deficiencias de la infraestructura edilicia. Demandamos la centralidad de los estados nacional y provincial como garantes de la educación pública, denunciamos la reducción de la inversión educativa y la desjerarquizaciòn de la tarea y los salarios docentes. La reforma educativa de los 90, de ideología neoliberal, enmarcada en los dictados políticos de los organismos de crédito internacional, se impuso en un contexto autoritario, con cambios inconsultos, improvisados y sin racionalidad pedagógica. Es fundamental, para evitar su reiteración, tener presente este proceso y sus consecuencias, en tiempos en los que luego de la aprobación de una nueva ley de educación nacional, debe reabrirse el debate para desarrollar la elaboración de una nueva ley de educación provincial. Consideramos relevante, que este nuevo proceso pueda realizarse con la más amplia participación de toda la comunidad educativa y en distintos espacios de debate que habiliten protagonismos reales de docentes, estudiantes, de la comunidad y sus organizaciones sociales, sindicales y políticas. Señalaría nuevos caminos, que las propuestas, construidas de manera participativa, nutran el contenido político de la herramienta legal en la que se defina el proyecto educativo que sostenga la escuela pública, popular y democrática, por la que hace muchos años venimos luchando. Diez años transcurrieron desde que la carpa blanca se transformara en un hito histórico que interpelaba las políticas neoliberales, resituaba la defensa de la educación pública, así como produjera nuevos contenidos para la direccionalidad de su proyecto y financiamiento. De esas luchas de denuncias de realidades injustas y de construcción de propuestas es que los trabajadores de la educación venimos siendo parte.Por eso, definir una nueva ley de educación, implica para los trabajadores de la educación la disputa por un sentido político de la educación distinto al que plasmó el neoliberalismo en nuestra provincia. Requiere un cuerpo legal que cierre el paso a cualquier intento de mercantilización de la educación, que reafirme el concepto de lo público y popular, que consagre claramente la responsabilidad del estado respecto de la educación pública y de su gratuidad, que exprese taxativamente a la educación como derecho social, que reorganice el sistema educativo provincial y modifique su estructura, que transforme el gobierno de la educación democratizando su organización y definiendo espacios colectivos de participación, que democratice la producción y distribución de conocimientos, que enuncie derechos de los docentes, de los estudiantes y de la comunidad educativa, que exprese la centralidad del incremento del financiamiento de la educación, para que puedan concretarse las transformaciones en la cotidianeidad de las escuelas. La nueva ley debe expresar los Derechos de los trabajadores, de los estudiantes y de la comunidad educativa. De los trabajadores a condiciones dignas para enseñar, la jerarquizaciòn de la tarea docente a partir de sus salarios, de la redefinición del contenido de su puesto de trabajo, del acceso a capacitación en servicio, a negociaciones colectivas. Así como el derecho a la construcción participativa de las políticas curriculares y de los proyectos educativos en todos sus niveles. Derechos de docentes, estudiantes y de la comunidad educativa a la participación y organización, en diferentes ámbitos distritales, regionales, provinciales en los que se construya el planeamiento estratégico educativo, se controle su ejecución a través de auditoría social.Debe plantear la Universalización del derecho a la educación, a través del cumplimiento del estado de su responsabilidad de garantizar para todos y todas, el acceso, tránsito y egreso en todos los niveles y modalidades. Extensión de la obligatoriedad desde el segundo ciclo del nivel inicial hasta el nivel secundario, con creación de jardines, escuelas primarias y secundarias en cada barrio, con políticas socio educativas complementarias, con infraestructura y equipamiento acorde al proyecto pedagógico, y con financiamiento específico. Esta sintética enunciación, intenta recuperar los ejes que venimos debatiendo los trabajadores de la educación y también convocar a protagonizar el debate para evitar que se reproduzcan acciones autoritarias de la logística noventista; por eso reafirmamos que no puede elaborarse una nueva ley omitiendo nuestros conocimientos, ninguneando nuestras experiencias y sin nuestra participación protagónica. Asimismo intenta dar cuenta de qué escuela queremos y cómo la estamos construyendo en diversos espacios de lucha, con diferentes medidas de fuerza, en múltiples jornadas en las escuelas, en los ámbitos sindicales y en articulación con los estudiantes, los padres y las organizaciones sociales y populares.