Miles de personas siguen en paradero desconocido en todo el mundo.

“Desaparecer” es perderse, desvanecerse, dejar de ser. Pero las personas “desaparecidas” no se han esfumado sin más. Alguien, en algún lugar, sabe lo que les ha ocurrido. Alguien es responsable.

Las desapariciones forzadas no son un hecho del pasado. Siguen produciéndose en países de todo el mundo, como Argelia, Colombia, Nepal, Rusia, Sri Lanka o la antigua Yugoslavia, por mencionar sólo algunos. Estados Unidos, en ocasiones con la complicidad de otros gobiernos, ha sido responsable de la desaparición forzada de personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”. Quienes cometen estos crímenes lo hacen con casi total impunidad.Cada desaparición forzada viola un amplio espectro de derechos humanos: el derecho a la seguridad y a la dignidad de la persona, el derecho a no ser víctima de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a unas condiciones de reclusión humanas, el derecho a la personalidad jurídica y otros derechos relativos a las garantías procesales y la vida familiar. En última instancia, puede constituir una violación del derecho a la vida, ya que es frecuente que las personas sometidas a desaparición forzada sean víctimas de homicidio.Así sucedió en Colombia, donde 60 paramilitares apoyados por el ejército secuestraron el 14 de enero de 1990 a 43 personas de la comunidad de Pueblo Bello (departamento de Antioquia), al parecer en venganza por el robo de unas cabezas de ganado pertenecientes a un jefe paramilitar. Las 43 personas secuestradas fueron llevadas a una finca, donde con toda probabilidad fueron ejecutadas. De camino a la finca, los paramilitares pudieron pasar sin problemas por un control del ejército, a pesar de que, según los informes, se oían gritos procedentes de los camiones.Tras su exhumación, seis de los cadáveres fueron identificados como víctimas de los secuestros de Puerto Bello. La suerte de las otras 37 personas sigue sin conocerse. Varios paramilitares fueron condenados a prisión por matar a las seis personas identificadas, pero los autores y responsables de la desaparición forzada del resto han quedado impunes.En enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno Colombiano no había cumplido con su obligación de garantizar los derechos de las personas afectadas. La Corte expresó claramente que consideraba que las fuerzas armadas estaban implicadas en el caso y concluyó que el Estado era responsable de fomentar el desarrollo de las estructuras paramilitares y de crear, por tanto, una situación de riesgo para la comunidad de Puerto Bello.En diciembre de 2006, las Naciones Unidas adoptaron un contundente tratado de derechos humanos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyo objetivo es evitar las desapariciones forzadas, establecer la verdad cuando se producen, castigar a sus autores y proporcionar reparación a las personas sometidas a desaparición forzada y a sus familias.

AMNISTÍA INTERNACIONAL (Declaración pública, 30 de agosto 2007)