La Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense, acompañada por una decena de organismos de contralor provinciales y nacionales, más el auxilio de centenares de efectivos policiales, encabezó un operativo para controlar los camiones que entran y salen de La Salada, pero no ingresó a las ferias internadas, corazón del negocio ilegal.
La subsecretaría de Ingresos Brutos de la Provincia y la Dirección de Rentas, con el apoyo de la Policía Bonaerense y funcionarios de la Dirección de Comercio, más inspectores de SADAIC, además de la Municipalidad de Lomas de Zamora y la de La Matanza, el Ministerio de Trabajo bonaerense, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección Nacional de Aduanas y Migraciones, “tras un esfuerzo de inteligencia” según las propias palabras de Santiago Montoya, y luego de más de doce horas de trabajo en uno de los centros de comercialización de productos falsificados y contrabandeados más grandes de latinoamérica incautaron unas 10 mil prendas de vestir, algo así como una cada dos puestos.El operativo apeló a casi toda la capacidad de contralor del Estado bonaerense y recurrió al apoyo preventivo de un centenar de agentes de Infantería con la promocionada intención de detectar irregularidades, pero por alguna razón inexplicada semejante fuerza operativa en el corazón del comercio ilegal de la Argentina se limitó a controlar los caminos de acceso a las ferias y no ingresó al interior de los predios, donde la comercialización hormiga de productos robados, contrabandeados o falsificados son moneda corriente. Justamente dentro de las ferias internadas es donde se construye la lógica perversa de los centros de compras internados porque allí los puesteros consiguen mayor cobertura gracias al sistema de protección que compran cuando le pagan al propietario del predio para instalarse en su interior. No es sólo baños o luz eléctrica lo que les venden los dueños de Punta Mogote, Urkupiña y Ocean. También les ofrecen “seguridad y garantías de continuidad laboral”, que muchas veces consiguen con la complicidad o la anuencia de los organismos de control, que suelen realizar operativos esporádicos muros afuera de las ferias y no en su interior.Para comprender esta lógica es necesario saber que cerca de la mitad de los puesteros pagan un alquiler -que se mide en horas por el elevado nivel de rotación de los consumidores- a los propietarios de los inmensos lotes en los que funcionan. La otra mitad se instala de hecho en las inmediaciones de aquellos, lo que genera una situación de tensión y negociación permanente entre los libres y los internados, que hace más de dos años explotó en una suerte de guerra callejera que le costó la vida al menos a un puestero de nacionalidad boliviana.De ahí que no sea un dato menor la decisión de Montoya de controlar con todo el poder del Estado los caminos de acceso a las ferias y no su interior.Así al menos se desprende del comunicado oficial distribuido ayer por la tarde por el Gobierno provincial que señala que “los controles provinciales se ubicaron en diez accesos que se utilizan por caminos asfaltados, y permiten la circulación de vehículos de gran porte. También se realizaron controles de mercadería en tránsito a vehículos de carga, y en micros de corta y larga distancia que ingresaban y salían del predio, mediante controles fijos y móviles”. Es decir que nunca ingresaron a los predios.Otro dato a tener en cuenta es que, a pesar de la espectacularidad de los números oficiales de productos decomisados: “unas 3.160 remeras; 3.240 pantalones jeans y deportivos; 1.526 camperas; 720 pares de zapatillas; 900 prendas para bebé; 300 buzos de algodón y otras 450 prendas variadas de vestir”, las cifras sólo cobran dimensión si se tiene en cuenta que cálculos conservadores ubican cerca de los 20 mil los puestos que funcionan en esos complejos y sus inmediaciones. Es decir que la mercadería secuestrada es menor a media prenda por puesto.La información oficial elude ese dato y sostiene que el ejército de inspectores que desembarcó durante la tarde del domingo en La Salada inspeccionó unos 150 transportes de carga que se dirigían a las ferias, sobre los cuales labró 21 actas de decomiso de la mercadería enunciada.Según Montoya, sí se encontraron "30 camiones con acoplado con mercaderías que habían sido robados y eran llevados por los delincuentes para vender. En ese caso la policía tuvo que intervenir", con lo que se dio un paso más para demostrar hasta qué punto la actividad comercial en esas ferias está relacionada con el delito organizado.
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