Las nuevas fronteras de la censura

Debe producirse un amplio y plural debate en el continente americano sobre los criterios para la asignación y uso de frecuencias de radio y televisión.

La libertad de expresión, como muchos otros derechos humanos, se encuentra en construcción en la mayoría de países de América Latina. Sus fronteras se van delimitando, expandiéndose o retrocediendo, de acuerdo con las diversas coyunturas políticas y sociales. En esta oportunidad, tocaré específicamente el tercer punto del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza:
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
La defensa de la libertad de la libertad de expresión y de pensamiento, desde una posición principista, no levanta la bandera sólo para defender las expresiones con las que se comulga. Se trata precisamente de lo contrario: de garantizar el ejercicio pleno para las ideas y opiniones que no se comparten. No hay unas expresiones buenas y otras malas. Lo anterior no es una reflexión al azar. Desde nuestra perspectiva, allí radica la esencia del artículo13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de impedir que a través de la vía indirecta se establezcan mecanismos para premiar a aquellos con quienes comulgo, y castigar a quienes critican o tienen puntos de vista incómodos.
El continente americano cuenta con una particularidad notable. De forma pionera se abordó la cuestión de las vías o mecanismos indirectos que pueden restringir la libertad de expresión. Como bien lo señaló la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida la Colegiación de Periodistas, que data de 1985, la Convención es original en dichos aspectos, pues ni la Convención Europea de Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abordan explícitamente el asunto de las vías indirectas. Debe entenderse, entonces, que se enfatizó de forma particular dicha amenaza en nuestro continente.
Los mecanismos indirectos que restringen la libre expresión y pensamiento sólo pueden contrarrestarse con leyes que hagan más transparentes y democráticas las decisiones gubernamentales en la materia.
En los últimos años, hemos visto que ante el cuestionado poder de los medios privados, la respuesta ha estado en algunos países en un abultamiento del aparato mediático estatal, sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que le hagan efectivamente público, como es el caso de Venezuela. Con tal modelo, los ciudadanos no ganamos necesariamente pluralidad, un asunto crucial en la vida democrática.
La anhelada pluralidad se basa en la naturaleza compleja de la diversidad, que incluye la diversidad de medios de comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de los medios), así como la diversidad de contenidos (producto de los medios), tal como lo señalara en diciembre de 2007 la declaración conjunta que firmaron los relatores para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el representante de medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Un caso emblemático de mecanismos indirectos para restringir la crítica está en el caso de Baruch Ivcher, el cual tuvo una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es conocido, durante el gobierno de Alberto Fujimori a Ivcher se le invalidó su condición de ciudadano peruano, lo cual implicaba, de facto, la pérdida de su participación accionaria en un canal de televisión, que realizaba constantes denuncias sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la sentencia de la Corte, del año 2001, el dejar sin efecto el título de nacionalidad de una persona que expresa su opinión a través de los medios de comunicación social, constituye un medio indirecto para restringir la libertad de expresión.
Ante la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó recientemente dos demandas relacionadas con los mecanismos indirectos para restringir la libertad de expresión. Ambas demandas son contra el Estado venezolano. Se trata del caso de Luisiana Ríos y otros (RCTV) y el caso de Gabriela Perozo y otros (Globovisión). Habrá que estar atentos a lo que determinen los magistrados interamericanos.

Publicidad oficial

La tensión entre medios privados y gobierno se vive claramente en cuanto a la asignación de publicidad oficial. La regla en el continente parece ser la asignación a dedo, sin normas que hagan transparente una relación de mutua dependencia. Los medios requieren del oxígeno financiero que representa la publicidad oficial, mientras que los gobiernos necesitan de plataformas mediáticas de largo alcance para difundir propuestas, proyectos y obras.
No estamos ante un problema aislado. En el informe anual del año 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión se hace eco de denuncias sobre un trato discriminatorio en diversos países. Es indispensable una actuación regional en la materia con pautas de transparencia y acceso a la información pública.
En varios países, incluido Venezuela, hasta es imposible conocer el monto que las diferentes dependencias del Estado destinan a la publicidad, pese a que se trata de un bien público. En otros, como lo recoge el informe mencionado de 2003, al referirse al estado de Chihuahua en México, los poderes públicos locales abiertamente admiten un trato discri-minatorio.
La asignación de la publicidad oficial es un asunto central en el ejercicio ciudadano del derecho a estar informado. En la práctica, cuando un gobierno no coloca avisos en aquellos medios por su postura crítica, lo que en realidad persiguen es acallar puntos de vista incómodos para el gobierno, con lo cual se desvirtúa la posibilidad de que los fondos públicos –y debe recordarse que los avisos se pagan con dinero de todos– contribuyan a fomentar el pluralismo.
En Venezuela, un periódico del estado Bolívar, El Correo del Caroní, no recibe publicidad oficial, pese a que tiene un importante nivel de lectoría en la región. Durante años recibió publicidad de la telefónica CANTV, pero eso quedó sin efecto inmediatamente después de la estatización de la empresa el año pasado. No es un caso aislado.
En Argentina, entretanto, se registró en septiembre pasado un hecho que debería repetirse en otros países. La Corte Suprema del país austral condenó a la provincia de Neuquén por el retiro de la publicidad oficial en el Diario de Río Negro, al tiempo que ordenó al gobierno provincial a que presente un plan de distribución de la pauta publicitaria que no resulte discriminatorio.En un claro caso de retaliación, por razones editoriales, el gobierno de Neuquén en 2002 dejó de colocar avisos oficiales en el Diario de Río Negro, luego de que éste ofreciera la cobertura de una denuncia de corrupción que involucraba a funcionarios públicos provinciales y al propio gobernador, Jorge Sobisch.
Es importante resaltar que según la decisión, no debe esperarse “la asfixia económica o el quiebre del diario”, para acreditar que existe una intencionalidad gubernamental de limitar la libertad de prensa.
Por otra parte, en la decisión la Corte Suprema hizo suya la interpretación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en relación a este tema. No se trata de que los medios tengan un derecho a recibir una determinada cantidad de avisos del Estado, pero sí existe el derecho “contra la asignación arbitraria”. Se trata de no ser discriminados.

Asignación de frecuencias

Como mencionamos, junto a la asignación de publicidad oficial figura la asignación de frecuencias radioeléctricas, como preocupaciones principales de diversas organizaciones que defienden la libertad de expresión, cuando se abordan estos mecanismos o vías indirectas a los que nos hemos venido refiriendo. Se trata de las nuevas fronteras para la censura.
En su declaración conjunta de 2001, los Relatores de Libertad de Expresión de la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) manifestaron que:
La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión.
En varios países del continente americano se está lejos de alcanzar dicha recomendación. En Guatemala, por ejemplo, el empresario mexicano-estadunidense Ángel González es propietario de cuatro estaciones de televisión y 11 emisoras de radio. Tiene un monopolio de la televisión abierta de esa nación, además de poseer estaciones en otros cinco países. La situación del país centroamericano, sin duda alguna, demanda pluralidad mediática.
Venezuela ocupó una enorme atención internacional el año pasado gracias al cese de la concesión de RCTV. Sobre este caso, en una declaración emitida el 25 de mayo de 2007, la CIDH manifestó su preocupación sobre la decisión oficial, anunciada con antelación por el presidente Hugo Chávez. Como fue de conocimiento público, RCTV era una estación televisiva con amplio alcance nacional que mantenía programas de opinión con una línea editorial independiente, crítica. Fueron igualmente notorios los pronunciamientos públicos, en los que las más altas autoridades del Estado cuestionaron la línea editorial de RCTV.
Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), a la que nadie podría descalificar señalándole connivencia con los grupos empresariales privados, también alertó sobre la decisión gubernamental venezolana en el caso de RCTV.
En una carta pública dirigida a las autoridades de Caracas, precisó que los Estados “son sólo administradores del espectro radioeléctrico y no sus dueños”, por lo que “los Estados no pueden administrar el uso de las frecuencias de manera discrecional ni arbitraria”.
Compartimos el criterio planteado por esta Asociación, en el sentido de que no debe plantearse una renovación automática de las licencias de radio y televisión, pero los mecanismos de evaluación deben ser transparentes y cumpliendo con estándares de transparencia. Hemos señalado en otras oportunidades, y eso lo resalta la declaración de AMARC, que es deplorable la actitud que asumieron un conjunto de medios –incluyendo a RCTV– durante el golpe de Estado de 2002, produciendo lo que el profesor Eleazar Díaz Rangel catalogó de “silencio informativo”. Silencio informativo que tuvo excepciones, como fue el caso del diario Últimas Noticias, que él dirige.
Sin embargo, basar la decisión del cese de la concesión al canal acusándoles de golpistas, sin que ningún tribunal les juzgara por ello y sin contar con el debido proceso a la defensa, con el cual deben contar incluso los golpistas, hizo de la decisión una medida arbitraria y discriminadora. Un mecanismo indirecto que sacó de la pantalla abierta a un medio crítico.
Desde una perspectiva de defensa de estándares para un pleno ejercicio de la libertad de expresión, resultó tanto o más preocupante el proceso que acompañó al cese de la licencia de RCTV. Lamentablemente, el gobierno de Venezuela desaprovechó esta situación para producir una normativa transparente y democrática en el manejo de las frecuencias de radio y televisión. Sigue siendo un espacio de decisiones discrecionales.
Como lo señala AMARC en su carta al gobierno de Venezuela en abril de 2007, y con ello concluimos estas reflexiones, debe producirse un amplio y plural debate en el continente americano sobre los criterios para la asignación y uso de frecuencias de radio y televisión. El tema ha sido una constante en las declaraciones de distintas entidades internacionales: debe evitarse que las decisiones obedezcan al criterio político del gobierno de turno y debe abogarse por el establecimiento de mecanismos transparentes, bajo el mandato de entidades públicas independientes y ajenas a las presiones políticas y/o comerciales. Se trata de todo un desafío, el cual interpela a gobiernos, medios, académicos y actores de la sociedad civil.


Cañizalez, Andrés, "Las nuevas fronteras de la censura", en Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 110, México, abril / mayo 2008, 17- 18 pág.

El Pro de Lomas realizó un festival al aire libre

Extendiendo los festejos por el Día de la Familia, el Pro de Lomas de Zamora realizó el sábado un festival en el barrio El porvenir, donde hubo campeonatos de fútbol femenino y masculino, juegos, sorteos y un show con payasos.

La jornada, organizada por los Jóvenes Pro lomenses, arrancó alrededor de las 14, en el predio “5 de Marzo”, ubicado en Pío Baroja, entre Islandia y Estados Unidos.Después de disfrutar de una tarde de deportes, música y juegos, las familias recibieron al presidente del Pro de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri; la senadora provincial Viviana Arcidiácono; el secretario del Pro de la provincia, Miguel Jobe; la presidenta de Jóvenes Pro de la provincia, Soledad Martínez; el presidente del Pro de Lomas, Carlos Fiorentino; su vicepresidente, Norberto Tirendi; el consejero escolar del distrito, Rogelio Cáceres; el presidente del Pro en San Vicente, Roberto Amirotti; la presidente del partido en Almirante Brown, Myriam Niveyro; el presidente del Pro en Berazategui, Héctor Seoane, y Juan Cruz, vicepresidente de la mesa del Pro de Presidente Perón. Todos ellos se encargaron de sortear y entregar los premios.Pasado el sorteo, el primero en tomar la palabra fue Fiorentino, quien agradeció a “todos los que trabajaron para este festival” y saludó a las madres y les agradeció “por todo lo que hacen por sus familias, por atenderlas y defenderlas”. El concejal destacó que “las mamás son el gran capital que tenemos en casa, en cada familia”.Por su parte, Arcidiácono quien les pidió a los presentes que “traten de que este lugar esté mucho mejor. Todo va a ser posible gracias al esfuerzo de ustedes”, y aseguró que “nosotros los vamos a acompañar y vamos a estar al lado de ustedes, para darles una mano, para ayudarlos y contenerlos”.El último en hablar fue Macri. El diputado recordó que “tres meses atrás estuvimos aquí y nos comprometimos a volver, a seguir ayudando, y hoy pudimos volver”. “Desgraciadamente, no somos gobierno, si lo fuéramos y tuviéramos muchos más recursos, podríamos ayudarlos más a hacer lo que ustedes están tratando de hacer acá, que es defender un lugar donde vivir dignamente, donde construir su hogar”, afirmó.“Tenemos que volver a tener una provincia con oportunidades”, expresó Macri, y detalló: “con la posibilidad de que cada uno de nosotros soñemos que nuestros hijos van a estar mejor que nosotros, y no peor”. “Tenemos que volver a construir una sociedad en familia, en paz y con trabajo”, concluyó.

Por la recuperación del trazado del Ferrocarril Provincial

Julio Pereyra, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), e intendente de Florencio Varela, en su estadía en Colombia como integrante de la comitiva que acompaño al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, mantuvo una reunión con la Ministra de Producción, Débora Giorgi y el Gobernador, Daniel Scioli.En la oportunidad, los funcionarios coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto en pos de la recuperación de la vieja traza del Ferrocarril Provincial que une Avellaneda con La Plata, para darle nuevamente uso, transformándola en un corredor exclusivo de transporte público automotor de pasajeros.Con este proyecto, llamado "TranSur" se logrará la recuperación y movilidad de la zona Sur del Conurbano.Si bien la traza llega hasta la localidad de Avellaneda, este nuevo proyecto prevé la vinculación con el área de Constitución.

OBRAS EN LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE BURZACO

Si bien se están realizando trabajos desde la Secretaría de Infraestructura y Planificación en varios puntos de nuestro Distrito, se lleva a cabo una fuerte labor en la zona del parque industrial de Burzaco, donde funciona una comisión especial para la zona integrada con distintas Secretarías.

El trabajo mancomunado entre Política Ambiental, Producción y Desarrollo, e Infraestructura y Planificación, busca fortalecer políticas para solucionar y mejorar la situación inherente al crecimiento industrial.Por la Secretaría de Infraestructura y Planificación participan el Director General de Hidráulica, Ingeniero Luis Carusso y el asesor de Daniel Bolettieri, Gustavo Gennaro, quien afirmó que “nosotros estamos aportando la elaboración de los planes de obras y saneamientos hídricos”.En este sentido, ya es notorio el avance de la implementación del Programa Nacional Agua Más Trabajo para ampliar el tendido de la red de agua corriente y brindar el servicio a los barrios vecinos al parque como “El Hornero”, “La Cumbre” y “San Pablo”.Además, ante el precario estado del puente de la Avenida Buenos Aires, sobre el arroyo San Francisco en el parque industrial, la Dirección General de Hidráulica ha realizado intensas gestiones para que la empresa EDESUR retire de dicho espacio las instalaciones eléctricas antirreglamentarias, lo que impide la reconstrucción del mismo. Por este incumplimiento, la empresa tiene una intimación del ENRE y ante la constante negativa de hacerse cargo de tal situación se ha resuelto la clausura preventiva del puente, situación que perjudica a toda la comunidad.Cabe señalar, que también se realiza la limpieza y perfilado del arroyo “Del Rey”, para que escurran los desagües pluviales y se eviten inundaciones en la zona.

Llevan a Scioli y al Ceamse a la justicia por una planta de residuos en Almirante Brown

Los legisladores de la CC, el Senador Fernando López Villa y el diputado Walter Martello, presentaron una denuncia contra el gobernador Siocli, en virtud de la facilitación para la instalación de la Estación de Tranferencia de Residuos Sólidos dominiciliarios en el partido de Almirante Brown.La denuncia presentada en la fiscalía de delitos complejos de la La Plata, no solo lacanza al gobernador Scioli, sino que se amplía a la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, las autoridades responsables de la Conducción del C.E.A.M.S.E., y las autoridades nacionales, provinciales o municipales, que "por acción u omisión, hayan permitido o facilitado la instalación y funcionamiento de esta Estación de Transferencia", señalaron.López Villa había recibido varios reclamos formulados por vecinos del distrito, del cual es oriundo, respecto a los problemas ambientales y sanitarios, provocados por el Parque Industrial, donde se instaló una planta de transferencia de residuos en la que se depositan aproximadamente 750 toneladas diarias de basura, proveniente de los partidos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Presidente Perón, "conforme surge de lo publicado por el propio al C.E.A.M.S.E", señaló.La planta se encuentra emplazada a pocos metros del barrio Doña Sol de Longchamps, cuyos habitantes no poseen ni agua corriente ni cloacas, "situación que agrava el riesgo sanitario", coincidieron.La denuncia de los legisladores de la Coalición Cívica se basa en los propios dichos del Secretario de Gabinete y Hacienda, Jorge Herrero Pons, quien admitió que la comuna aún no cuenta con un estudio de impacto ambiental, aunque indicó que “se está a la espera de que lleguen los análisis ambientales que hará la Nación”, aclarando que: “…hasta que los encargados del área y el Intendente no decidan lo contrario, la planta seguirá funcionando aunque no cuente con una investigación sobre el impacto ambiental que provoca su funcionamiento” y lo manifestado por Intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi, quien endilgándole la responsabilidad al C.E.A.M.S.E., termina por admitir, que no cuenta con los pertinentes estudios sobre impacto ambiental, cuando afirmó: “…la responsabilidad es del C.E.A.M.S.E., por ser el encargado de realizar dichos controles en el lugar…”.A partir de esos dichos es que Fernando López Villa, autor de un pedido de informes que el senado aprobó por unanimidad, y el diputado Walter Martello, atribuyen responsabilidades al gobernador Scioli y concretamente al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, por la grave declinación de la responsabilidad “in vigilando”, del Estado provincial.Según se pudo constatar, los legisladores le solicitan al fiscal que se efectúen medidas probatorias , como por ejemplo una inspección ocular, que se identifique fehacientemente la Razón Social que desarrolla las actividades en el lugar; si existe algún plano de Obra; pero fundamentalmente "procurar información acerca de las habilitaciones que pudiera obtener, en referencia al depósito, tratamiento y o disposición final de residuos sólidos domiciliarios e industriales, como así también los alcances de las mismas y obtener información acerca de posibles contratos y/o convenios con el Estado Provincial, en referencia al punto anterior".López Villa aclaró que es necesario "procurar información acerca de existencia o no de contratos o convenios, con el Municipio de Almirante Brown" y agregó la necesidad de obtener información acerca de la existencia o no de contratos o convenios con Municipios de la Región".Por su parte, Martello, que acompañó la denuncia del senador, manifestó que "de no existir algún tipo de autorización para funcionar como depósito de almacenaje, tratamiento, transferencia o alguna actividad relacionada con los residuos sólidos domiciliarios, se debe procer preventivamente a la clausura del lugar, atendiendo a las urgentes razones de salubridad".Por últmo, López Villa instó a que "se comisione a la Policía Departamental de Almirante Brown, para que lleve adelante las tareas que sean necesarias para impedir el uso del espacio indicado", como así también "se proceda a la identificación de cada uno de los camiones que transporten basura y se dirijan a descargar en ese lugar".

Política de empleo en Almirante Brown

La Municipalidad de Almirante Brown ha comenzado las gestiones para la instalación de una Oficina de Empleo, organismo financiado y apoyado técnicamente desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La Universidad de Quilmes realizará los estudios específicos.

Estos organismos tienen como fin aumentar la empleabilidad de las personas cubriendo vacantes en empresas u otras organizaciones que requieran personal, y funcionan como una intermediación entre la oferta y demanda de trabajo, brindando información y orientación para el empleo y la capacitación, todo en forma gratuita.Para la concreción final de la iniciativa, la Secretaria de Producción y Desarrollo comenzó con las capacitaciones de recursos humanos municipales y ha establecido un vínculo con la Universidad Nacional de Quilmes, con quienes se elaborará conjuntamente el diagnóstico y las propuestas que definan la política de empleo del distrito.El diagnóstico territorial que llevará a cabo dicha Casa de Altos Estudios permitirá contar con un informe preciso y actualizado de variables socioeconómicas, productivas e institucionales, y ofrecerá una imagen clara sobre las características de los grupos poblacionales que requieran mayor atención y asistencia, así como la capacidad y potencialidades productivas locales.Según informó el secretario de Producción y Desarrollo, Diego Fernández Garrido, el acuerdo con la Universidad de Quilmes tiene como objetivo lograr un documento de Análisis Territorial que permita dar cuenta de la situación del trabajo, la producción, los problemas de empleo que enfrenta la población y las características del entramado institucional, desde un enfoque integral.Para ello se llevará a cabo una explicación del proceso de transformaciones socio-productivas operadas en el territorio durante los últimos años, y el modo en que estas afectaron la realidad del empleo y el trabajo y se identificarán los problemas relevantes de empleo y trabajo que afectan a los distintos grupos poblacionales en cada una de las actividades productivas. También se delinearán posibles estrategias para superar los problemas identificados.Equipos técnicos de la Casa de altos Estudios mantuvieron una reunión con integrantes de área muncipal de Producción en la cual se intercambio información sobre el esquema de investigacion. En el encuentro estuvieron presentes los directores generales de Desarrollo y Empleo, Gabriela Pellegrini y Angél Akike, y en representación de la Universidad Nacional de Quilmes el docente investigador Alejandro Villar acompañado de Juana Yasnikowsk, Mariano Pauluk y Andres Trapani“Desde el Gobierno Municipal de Darío Giustozzi se están realizando importantes iniciativas con el objetivo de dar respuestas a las diversas manifestaciones de la problemática del empleo y una de ellas es el funcionamiento en el distrito del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de Nación”, señaló Fernández Garrido.

Seminario “Cultura para la paz y derechos humanos”

En noviembre se realizará el seminario “Cultura para la paz y derechos humanos”, organizado por el Centro de Derechos Humanos “Emilio Mignone” de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), el cual estará a cargo de nobel Adolfo Pérez Esquivel.Se realizará los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre, de 9 a 15 horas en la UNQ.Los encuentros se realizarán a través de un recorrido temático organizado en cuatro ejes:- el desafío de los derechos humanos y la paz- los derechos humanos y la realidad latinoamericana- derechos humanos y construcción democrática: políticas de la memoria- la discriminación en Argentina.

Más información en el Portal UNQ