El fondo de la canasta

Por Carlos del Frade

(APe).- Mientras se acerca la fecha del inicio de clases en la Argentina, los números que aportan los medios de comunicación dicen que este año será mucho más caro enviar los pibes a estudiar.
La llamada canasta escolar aumentó un treinta por ciento en solamente treinta días, consecuencia de especulaciones varias que explotan en el bolsillo de las mayorías.
De acuerdo al Centro de Educación al Consumidor “la canasta escolar ha aumentado un treinta por ciento. Mochilas, calzado y guardapolvos son los que más han subido. Los artículos de plástico, como también cartucheras y carpetas, sufrieron incrementos porque son derivados del petróleo, una materia prima que en 2007 y lo que va de 2008 tuvo una fuerte alza", dijo la presidenta de la organización, Susana Andrada.
Las explicaciones van desde las lluvias en el Chaco y su incidencia en el precio del algodón hasta la crisis financiera estadounidense.
Lo cierto es que los ingresos de los argentinos están muy por detrás de los valores que impactan en la vida cotidiana.
Una familia de cuatro integrantes debe gastar mensualmente alrededor de 3 mil pesos, según los estudios de economistas vinculados a organizaciones sociales como la CTA. Ese monto es impensable cuando el ingreso medio de los argentinos está por debajo de los mil quinientos pesos.
Porque también es hora de hablar de ingresos y no de salarios ya que casi la mitad de la clase trabajadora procura su bienestar material a través del empleo en negro y allí no hay paritaria que rija. Y, por otro lado, los trabajadores en blanco soportan jornadas que largamente superan, en su gran mayoría, las ocho horas diarias, con lo que el sueldo es siempre una migaja en comparación a la capacidad y esfuerzo puesto al servicio del patrón.
La mentira, entonces, oficial y privada, aquella que esgrimen las empresas que prometen el cielo desde la publicidad televisiva, no está solamente en las cifras sino en ocultar el avance de los que cada vez pueden menos frente a precios cada vez más caros.
En el caso de la canasta escolar, algunos supermercados prometieron regresar los precios a los del año pasado. No es creíble. "Por la experiencia, no creo que esto suceda, y además no es serio pensar que los útiles tendrán los mismos precios que el año pasado, porque ya hay aumentos y porque la gente no compra sólo en supermercados. Además, habrá que ver si en la canasta incluyen los productos que la gente realmente pide y compra y la indumentaria, que es parte de lo necesario", indicó Sandra González, titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina.
Detrás de los precios que suben y los índices de inflación dibujados aparece el crecimiento del empobrecimiento de las mayorías argentinas.
De allí que hasta la última metáfora de igualdad que sobrevivía en el país, el delantal blanco, tiene costos inimaginables.
Pero más allá de la bronca y la indignación circunstanciales, es necesario saber que algo profundo se oculta en las cifras. Porque aunque el gobierno hable de una inflación anual del ocho por ciento y los estudiosos sancionados del Instituto Nacional de Estadística y Censos difundan que el costo de vida, en realidad, se incrementó en casi un 27 por ciento; el problema grande no está en el disfraz oficialista o no de los porcentajes sino que encierra una mecánica feroz: cada vez es más caro vivir en el país de los argentinos.
O en forma gráfica, cada vez hay más pobres como consecuencia de la acumulación de riquezas en pocas manos, la subordinación de la política a los intereses de esas fortunas y la ausencia de una herramienta popular de transformación social y económica.
Educar es más caro porque importa poco que todas las chicas y todos los chicos argentinos logren educarse. Lo que importa es que las mayorías se indignen por las formas y no por el fondo: el país hecho a imagen y semejanza de las minorías. Eso es lo que está en el interior de todas las canastas.

Fuente de datos:
Diario El Siglo - Tucumán 05-02-08 y Agencia de Noticias ACTA-CTA 05-02-08

La guerra contra los cartoneros

Por Oscar Taffetani

(APe).- La corporación Baosteel de Shangai fue una de las primeras en interesarse en el reciclado de la chatarra de las Torres Gemelas.

Todavía humeaban en el Ground Zero los restos de esos dos grandes edificios neoyorquinos; todavía los bomberos y brigadistas buceaban entre los escombros buscando cadáveres; todavía los familiares de las víctimas dejaban correr sus desoladas lágrimas hacia el Hudson, cuando febriles e-mails ofertaban y contraofertaban en la puja por quedarse con los metales chamuscados y retorcidos que había dejado el 11-S.

Finalmente, los empresarios cerraron trato, a unos 150 dólares la tonelada. Un primer barco con restos de las Torres Gemelas llegó a la India en enero de 2002. Lo esperaban miles de obreros recicladores, listos para clasificar el material y enviarlo a las trituradoras y hornos de fundición. Otro barco, pocos días después, llegó a China, donde también lo esperaban miles de obreros recicladores. Y así hasta dar cuenta de las 300 mil toneladas de chatarra generadas por el atentado.

Luego, aquel metal oscuro, vuelto a relucir, ya convertido en cucharitas, en ollas y sartenes, volvió al Nuevo Mundo (incluso a la ciudad de Nueva York) para satisfacción de millones de ciudadanos con sus impuestos al día, admirados de la calidad y buen precio de los productos chinos.

He allí una muestra de la economía globalizada. Todo es reciclable y comercializable, y no hay poder sobre la tierra -ni dolor humano- que pueda imponer otras reglas.

Historia de un oficio

Cuando el brigadier Cacciatore, intendente de facto de la Reina del Plata, prohibió la incineración de residuos y eliminó los basurales a cielo abierto, a principios de los ‘80, tenía previsto reemplazar el viejo sistema por una empresa estatal faraónica (como todo lo que hacía) llamada CEAMSE.

Al funcionamiento -o disfuncionamiento- del CEAMSE se le debe una nueva atracción turística porteña: la Reserva Ecológica. También, la aparición de nuevas pampas de relleno sanitario en el Conurbano. Y se le debe, fundamentalmente, la aparición de los cartoneros, obreros del reciclaje que juntan, clasifican y trasladan hacia los mayoristas y los refundidores una parte de la basura que a diario produce la ciudad.

Así, el popular ciruja, tan bien retratado en tangos y aguafuertes del siglo pasado, devino cartonero, ya que el grueso del material que levanta de calles y veredas es cartón, seguido de papel, latas y PET (un plástico recuperable, utilizado en envases de bebidas y alimentos).

Pero, además, fruto de las necesidades de los super y los hipermercados y de los nuevos sistemas de logística, la producción de envases reciclables ha ido aumentando en proporción geométrica y la cantidad de basura generada ya se ha vuelto incalculable.

En las décadas siguientes, la pauperización y lanzamiento a la intemperie de decenas de miles de habitantes de la Capital y el Conurbano (un genocidio que no ha merecido hasta ahora la atención judicial) creó una nueva clase de trabajadores informales, los cartoneros, quienes complementan la recolección sistemática de la basura, que está por lo general a cargo de concesionarios.

Pronto, con esa admirable dignidad que saca a relucir nuestro pueblo en los momentos más difíciles, los cartoneros se organizaron en cooperativas y en pequeñas empresas familiares.

Ataque de madrugada

El Gobierno porteño, atento a la nueva realidad (y al “que se vayan todos” que todavía flotaba en el aire) creó un marco legal -la ley 992 del 21 de enero de 2003- para que el trabajo de los recicladores urbanos (así los llamó) se pudiera desarrollar en condiciones de seguridad y salubridad.

Había cambiado, en los últimos tiempos, el paisaje de Buenos Aires, y aquellos humildes obreros del reciclaje, en lugar del uniforme de una empresa privada de recolección de residuos, lucían otro “uniforme”: el de la pobreza. Pero además (y esto era lo que molestaba a ciertos empresarios-basura), osaban quedarse con una parte del valor de esa valiosa mercancía arrojada cada tarde a las veredas por la ciudad opulenta.

Entonces, a fines de 2007, una combinación de movimientos empresarios y dirigenciales (el levantamiento del Tren Blanco que conducía a los obreros y su carga desde la Capital al Conurbano; la contratación de camiones con un plan encubierto de erradicación; el desalojo compulsivo de los campamentos de cartoneros, etcétera) marcó el inicio de una extraña guerra, una guerra declarada por el nuevo Gobierno porteño a ese “enemigo” que había incurrido en el desaguisado de querer vivir, de querer seguir respirando y alimentando a sus hijos, de mantener una obstinada honradez y una obstinada dignidad.

Las excusas empresarias y dirigenciales fueron cínicas, semejantes a las de los nazis antes de comenzar su faena: “El Tren Blanco se puede convertir en un Cromañón rodante”, dijo uno. “Esas familias acampadas son un riesgo para ellas mismas; los chicos no tienen seguridad”.

Luego del discurso, acompañado y amplificado por algunos medios, vino la acción: desalojos de madrugada, secuestro y destrucción de las “pertenencias” de los cartoneros (hasta paquetes de pañales cargaron en camiones compactadores), bastonazos, golpes a los que se resisten, detención de los más rebeldes.

Algunos vecinos del barrio de Belgrano que comprendieron la justa demanda de los cartoneros, les acercaron alimentos, vituallas y su presencia solidaria al campamento. Fueron pocos, a decir verdad, pero demostraron que el país tiene reservas morales no sólo “al otro lado de la General Paz”.

Mientras tanto, los concesionarios de los trenes urbanos se reúnen con los concesionarios de la basura urbana y con los concesionarios del Gobierno nacional y municipal (de algún modo hay que llamarlos). En esas reuniones secretas se habla de grandes temas, como el precio de la basura en sus distintas etapas, el costo de los camiones destinados a los cartoneros, el costo de las campañas de prensa y el futuro del pingüe negocio, en el mediano y largo plazo.

No importa cuánta sangre humana se haya vertido -y se vaya a vertir- en esta guerra. Podrán olvidarse héroes y fechas patrias, versos inmortales y de los otros. Pero lo que no puede olvidarse es el culto, el sagrado culto, al dios de la mercancía y la ganancia.

Es el dios que los protege en su guerra, en su implacable guerra contra los cartoneros.

P. Oscar Pezzarini: 20 años de sacerdocio

Reseña biográfica del Padre Oscar Pezzarini, FDP



El Padre Oscar Pezzarini nació en la ciudad entrerriana de Federación el 23 de enero de 1962. Siendo niño aún, sus padres se trasladaron a la ciudad de Lanús , provincia de Buenos Aires, y allí terminó la escuela primaria.

Cursó la escuela secundaria en Villa Domínico, Avellaneda, en el Instituto San Vicente de Paúl de la Obra Don Orione , donde fue dirigente del oratorio “Movimiento Juvenil ‘La Onda’” y descubrió el carisma del Apóstol de la Caridad.

En 1980 ingresó a la Congregación para realizar los estudios eclesiásticos y al año siguiente, el 12 de marzo, hizo sus primeros votos. El 15 de agosto de 1986 emitió sus votos perpetuos. En el Seminario de Morón realizó sus estudios de Filosofía y Teología.

El 27 de febrero de 1988 fue ordenado sacerdote por monseñor José Agustín Marozzi, obispo emérito de Resistencia, quien transcurría su retiro en el Cottolengo de Claypole. La ordenación sacerdotal tuvo lugar en la misma comunidad donde descubrió su vocación, la capilla San Vicente de Paúl de Villa Domínico.

Al poco tiempo fue destinado a servir en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Córdoba, donde desempeñó su labor pastoral como director de esa casa.

En setiembre de 1991 fue nombrado vicedirector del Pequeño Cottolengo de Claypole, y en 1996 director, cargo que desempeñó hasta el año 2002.

Desde comienzos de 2003 fue Ecónomo de la Provincia Argentina de la Pequeña Obra de la Divina Providencia , funciones que ejerció hasta fin de 2005, cuando fue designado Superior de la Provincia Nuestra Sra. de la Guardia, que comprende Argentina, Paraguay, Uruguay y México, cargo que desempeña en la actualidad.

Roberto Beluzzo
Prensa y Comunicación
Generación de Recursos- Obra Don Orione

Operativo vial: fueron multados más de 30 motociclistas durante el fin de semana

Entre la noche del sábado y el domingo por la tarde más de 30 motociclistas fueron multados por no cumplir con las normas de tránsito básicas para poder circular. En la mayoría de los casos, los inspectores municipales labraron infracciones por falta de casco y exceso de velocidad.
El operativo se realizó en conjunto con personal policial de la comisaría Primera de San Vicente. En la madrugada del domingo los controles se hicieron en la zona de bares y boliches de la ciudad y se multó a 20 conductores.
El juez de Faltas del distrito, Carlos Rodríguez, participó en el operativo vial y aseguró que “es muy importante porque a partir de ahora seguiremos con estos controles sorpresivos los días en los que más faltas se cometen”.
En tanto, el domingo por la tarde continúo el operativo en el centro de San Vicente y fueron multados 10 conductores de motos. El monto de la multa es definido por el Juzgado de Faltas y para hacerlo se tiene en cuenta el lugar de la infracción, el vehículo y el horario, además de la reincidencia y la gravedad de la falta. Las multas en San Vicente van desde los 150 a los 1500 pesos.
Las infracciones de tránsito en el distrito comenzaron a efectuarse este mes luego de haber finalizado la campaña de prevención y concientización. En esa etapa fueron demorados más de 900 motociclistas en Alejandro Korn y San Vicente.
Además del apoyo para el control de motociclistas, la
Policía realizó el domingo a la madrugada un control de menores en la calle: se realizaron nueve actuaciones por averiguación de identidad, un menor fue entregado a sus padres y dos personas fueron detenidas. Una por portación de arma de guerra y otra por resistencia a la autoridad.

INDÍGENAS-BRASIL: TIERRA MADRE DE CONFLICTOS

Miles de indígenas en el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso del Sur viven en campamentos precarios, donde impera la desnutrición, mientras sus líderes son asesinados. Es una llaga reconocida por todos, pero cuya solución provoca conflictos al parecer insuperables.

MIRANDA y ANTONIO JOAO, Brasil, feb.- "No estamos contra los indígenas", pero no se puede ampliar sus tierras "violando el derecho de propiedad de los demás", arguye Dacio Queiroz, secretario de la Federación de la Agricultura, que representa los hacendados del estado, y coordinador de su Comisión de Asuntos Agrarios.

Los terratenientes, que temen perder su patrimonio por la demarcación de nuevas reservas indígenas, "tienen títulos de propiedad correctos" que no pueden ser anulados ante la "supuesta" presencia indígena anterior, argumentó Queiroz, heredero de tierras adquiridas en 1948 y reclamadas por guaraníes en Antonio Joao, meridional municipio matogrosense.

Para los indígenas, sin embargo, la única alternativa de sobrevivencia es recobrar sus tierras tradicionales, basados en derechos asegurados por la Constitución brasileña de 1988.

La explosión demográfica de las últimas décadas los empujó a la llamada "retomada", la ocupación de territorios en los que vivieron sus antepasados recientes, buscando así acelerar su demarcación por parte del gobierno. Las zonas en las que fueron confinados décadas atrás quedaron pequeñas ante el crecimiento de las comunidades.

Por ejemplo Zacarias Rodrigues, de 50 años y con cuatro hijos y dos nietos, decidió encabezar la recuperación la zona histórica de su pueblo terena, después que el benjamín de sus 12 hermanos se "quedó sin tierra" para sembrar, anticipando el destino de las nuevas generaciones.

Fueron tres años de preparación, de campaña por adhesiones, hasta que en la madrugada del 28 de noviembre de 2005 un grupo de 21 familias ocuparon una hacienda e instalaron el campamento al que llamaron Madre Tierra.

"Fue difícil convencer a las personas en reuniones, seminarios, hablando de casa en casa", recordó Maria Belizario, de 43 años y con tres hijos y tres nietos, otra líder del movimiento y quien propuso el nombre del campamento. "La tierra es madre, es todo para nosotros y en la aldea donde vivíamos ya no había lugar para nuestros hijos", justificó.

Su grupo rompió con la tradición diplomática de los terenas, conocidos por el diálogo y la adaptación al cerco de la sociedad "no indígena". Esta comunidad étnica se dividió ante la acción unilateral de la "retomada", modalidad practicada desde hace décadas por los guaraníes, más numerosos y oprimidos en la parte sur del estado.

Se registraron momentos de tensión. En la segunda noche, disparos de empleados de la hacienda aterrorizaron a las mujeres que hacían guardia mientras sus maridos descansaban del esfuerzo diurno de construir las cabañas, dijo Darci Santos, de 43 años, cinco hijos y dos nietos, relato corroborado por Albertina Fonseca, de igual edad, pero con 11 hijos y ocho nietos.

El campamento alcanzó a tener 120 familias, pero ahora quedan 68. Muchos desistieron ante "la falta de luz, agua y escuela", se lamentó Rodrigues.

Los que quedaron dependen del agua traída por un camión-cisterna y de alimentos distribuidos por el gobierno, para complementar sus cultivos limitados porque la tierra sigue en litigio.

La iniciativa amplió en 1.297 hectáreas el área de 2.660 en la que viven 6.000 terenas en el municipio de Miranda, en el oeste de Mato Grosso del Sur. Pero ellos quieren más y reclaman toda la zona de Cachoeirinha, identificada por antropólogos como tradicionalmente indígena y que abarca 36.288 hectáreas.

Algunos grandes hacendados desistieron de cuestionar judicialmente la ocupación indígena, aunque exigen indemnizaciones del Estado.

INSISTENCIA GUARANÍ

Los guaraníes de Antonio João, en la frontera con Paraguay, recuerdan experiencias más duras aun. Entre sus mártires se cuentan Dorvalino Rocha, muerto a tiros en 2005, y Marçal de Souza, asesinado en 1983, después de que se hiciera conocido como líder indígena y especialmente por el fuerte discurso pronunciado ante el hoy fallecido papa Juan Pablo II cuando éste visitó Brasil en 1980.

Hacinados en 11 hectáreas cedidas por la alcaldía o en campamentos a lo largo de carreteras, los guaraníes del grupo kaiowá protagonizaron cuatro "retomadas" a partir de 1998 para presionar el gobierno a reconocer sus tierras ancestrales, pero se retiraron ante órdenes judiciales de "reintegro de posesión" en favor de los hacendados.

A partir de 1999, luego de lograr acuerdos con los terratenientes, pudieron asentarse en 26 hectáreas y en 2006 acampar en otra área de 101 hectáreas. Pero como todo es provisional, siguen en casuchas, de madera y sapé (gramínea), y sin sembrar como desearían, dependiendo de alimentos donados por el gobierno.

Sin embargo, la presión resultó. La Fundación Nacional del Indígena (Funai, órgano oficial) promovió dos estudios antropológicos que identificaron un área de 9.317 hectáreas, declarada tierra guaraní por el Ministerio de Justicia y homologada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva el 23 de marzo de 2005.

Así se concluyó la formalización administrativa de la tierra indígena Ñanderú Marangatú (dios o gran padre sagrado, en guaraní), pero no la batalla judicial. Cuatro meses después el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Nelson Jobim, anuló preliminarmente el decreto presidencial, atendiendo a pedido de los hacendados.

Hasta ahora, 2,5 años después, los indígenas esperan un fallo definitivo del Supremo Tribunal Federal.

Pero "es seguro en un 90 por ciento que la Corte reconocerá nuestro derecho", señaló, optimista, Hamilton Lopes, un veterano profesor, experto en leyes y trámites de las cuestiones indígenas, con experiencia en "retomadas" de otras aldeas guaraníes y participación en foros internacionales.

Por su parte, Loretito Vilhalva, "capitán" (administrador) de la aldea, confía en las pruebas antropológicas y en la credibilidad perdida por los hacendados, a quienes se les incautó en noviembre armas que mantenían de modo ilegal en sus propiedades.

La acción de las autoridades contra los hacendados se concretó luego de que fueron denunciados debido a la violencia practicada por sus guardias, que "dispararon muchas veces sobre el campamento indígena", precisó

El conflicto, empero, se prolongará. Aunque la disputa judicial sea dirimida, como ha ocurrido de otras zonas del país, ello no asegura la retirada de los terratenientes ni la conformidad de los indígenas.

La demarcación de tierras indígenas no avanza porque obedece a un "proceso inconstitucional", conducido por la Funai que "incita a las invasiones de haciendas", según Leoncio Brito, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA).

En opinión de este empresario agropecuario, el gobierno izquierdista de Lula, que a su entender estimula la natalidad al ofrecer canastas básicas de alimentos, debería comprar otras tierras más amplias donde "acomodar a los indígenas".

TIERRA SAGRADA

Pero aquí no se trata de entregar parcelas a campesinos sin tierra, en zonas adquiridas o expropiadas por el Estado. Los indígenas quieren, y la Constitución les asegura, la posesión de "tierras tradicionalmente ocupadas" por los hacendados, necesarias para su "reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones".

Son tierras sagradas para los aborígenes y, en general, ubicadas en los alrededores de las aldeas en que viven actualmente.

En esas áreas, identificadas por antropólogos, pierde validez la propiedad particular, quedando vedada la posibilidad de expropiación con indemnización, porque ya pertenecen al Estado. Sólo se pueden abonar las mejoras y bienes agregados, explica Rogerio Batalha, abogado del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización dependiente de la Iglesia Católica.

En Mato Grosso del Sur, en cambio, esas tierras son generalmente propiedades legalmente constituidas, incluso por estímulo y actos de las autoridades en su momento, con títulos jurídicamente sin posibilidad de discusión, también protegidos por derechos constitucionales, a los que no renuncian los hacendados instalados en lugares señalados como indígenas.

Los hacendados están dispuesto de modo consensual a aceptar mediante una indemnización total, incluso por tierras que no las han hecho producir, "un acuerdo para evitar conflictos" y poner fin a la permanente tensión, señaló el empresario Queiroz.

Los países ricos y sus organizaciones que dicen apoyar los indígenas "bien podrían enviar los recursos para comprar esas haciendas", desafió.

Hay tres alternativas para superar el callejón sin salida jurídico, según Batalha. La primera es una enmienda constitucional que permita la indemnización por las tierras, pero ello es que casi imposible que se apruebe en el Congreso legislativo pues requiere una mayoría mínima de 60 por ciento y un trámite previo complejo.

Además de polémica, resultaría muy riesgoso aplicar la enmienda a realidades distintas, como la Amazonia, donde existen muchos latifundios ilegales.

Otra manera es requerir indemnizaciones a través del derecho civil, responsabilizando al gobierno por los errores en promover y aceptar la ocupación de áreas indígenas por parte de hacendados y así legalizar las propiedades. "Es un camino que nadie quiere, pues puede demorar más de un siglo", admitió el abogado.

Por eso la "única alternativa jurídicamente viable" es una reforma a la Constitución del estado de Mato Grosso del Sur, sentenció. El gobierno estadual rechaza, naturalmente, asumir el pago de las indemnizaciones, pero podría recibir recursos nacionales para ese fin, sin violar la ley fundamental de Brasil, sostuvo.

Tatiana Ujacow, abogada que apoya organizaciones indígenas y autora del libro titulado "Derecho al pan nuevo", sobre dignidad humana y guaraníes, cree que sólo la enmienda a la Constitución nacional asegura una solución definitiva, porque otras medidas pueden ser cuestionadas, precisamente, por inconstitucionalidad.

Mientras, la Funai trata de cumplir su función, aunque tardíamente, de demarcar nuevas tierras indígenas en Mato Grosso del Sur.

El plan prevé, en este y el próximo año, estudios antropológicos en las cinco cuencas hidrográficas en las que hay evidencias de más de 30 áreas tradicionales de los guaraníes, según Rubem Almeida, uno de los seis antropólogos involucrados en el proyecto.

Por Mario Osava, enviado especial de IPS-Noticias

Reunión clave de autoconvocados contra las antenas de telefonía celular

Perspectiva Sur - La visita de un representante del mismo reclamo en distintos barrios porteños dejó una sensación de desamparo enorme , dijeron, en los quilmeños. Hoy hay expectativa ante un posible tratamiento en sesión extraordinaria del tema antenas.
El sábado último constituyó una bisagra en las reuniones que vienen realizando los vecinos autoconvocados en contra de las antenas de telefonía celular en Quilmes. Y es que además de sumarse representantes de nuevos barrios quilmeños, se dio cita un referente de agrupaciones que levantan el mismo reclamo en la Ciudad de Buenos Aires. Hugo Romero, un hombre del barrio de Barracas, que llegó como representante de distintas asambleas vecinales porteñas que reclaman contra las antenas de telefonía celular, se dio cita en Quilmes, trajo un mapa de los casos fatales registrados en torno a su domicilio, y narró experiencias que nos dejaron una enorme sensación de impotencia , dijo Clara Fund, vocera y una de las principales referentes de los quilmeños.
Es que Romero llegó a la reunión con una enorme carga de experiencias propias y de allegados, pero también con un mapa en el que estaban señalizados los domicilios de los fallecimientos en torno a la antena. En todos los casos, la causa de muerte eran enfermedades oncológicas, leucemia puntualmente en los chicos, y en todos los casos era en el radio de quinientos metros en torno a la ubicación de la antena , detalló Fund. La reunión del sábado se prolongó más allá de las dos horas y media, y lejos del debate que habían previsto darse los vecinos para delinear un proyecto de ordenanza sobre la instalación de antenas de telefonía celular para concensuar luego con la Comuna, el encuentro giró en torno a las experiencias de los vecinos capitalinos.

SENSACION DE DESAMPARO
Fund explicó que en lo particular, salí de la reunión con una enorme sensación de impotencia y desamparo, pero descubrí hablando después con referentes de otras zonas que a todos nos pasó lo mismo .
Haciéndose eco de la experiencia de Romero y los vecinos capitalinos, Fund destacó que en paralelo con los problemas de salud que acarrean las antenas, se da otro importante golpe a los vecinos que es el costado económico . Resulta ser que en Capital nadie puede vender su propiedad si está dentro del radio de los quinientos metros debajo de una antena de telefonía celular, porque se ha generado la conciencia de los riesgos que implica , explicó la quilmeña. Y dijo que a esa gente (los porteños) les costó hacerle entender al vecino que había que tomar medidas de prevención, pero cuando se logró eso, todos comenzaron a prestar colaboración en la lucha .

EL MAYOR IMPACTO
Para el caso de los quilmeños, los más impactados en el encuentro resultaron ser los vecinos de Quilmes Centro, porque por ejemplo en torno a una de las antenas (la de la calle Videla) se ubican las escuelas Inmaculada Concepción, Mancedo y San José, entre otros.
En Barracas han tenido una tragedia similar a la que se da en Don Bosco, con una escuela que tiene una antena dentro de sus instalaciones, y donde se han registrado casos de alumnos y de docentes fallecidos , dijo Fund. Y remarcó que a partir de esta charla, se ha extendido la concientización en los vecinos, y el concepto de que la alternativa es el desmantelamiento de las antenas ya emplazadas y la búsqueda de un mecanismo alternativo .
Sabemos que esto es posible porque se da en todo el mundo, y ya nadie cree esa cancioncita de las empresas de que sin antenas no hay comunicaciones , destacó Fund. Y dijo, además, que por otro lado, lo que llama poderosamente la atención es que si son tan inocuas, ninguna de las firmas de telefonía celular manda a alguien a dar una charla y garantizar a los vecinos, mirándolos a la cara, que no corren ningún riesgo.

Vecinos de Los Eucaliptus forzaron una respuesta policial a los robos

El capitán Héctor Codina, titular de la Seccional Cuarta de Solano, atendió a los vecinos.

Fue en relación a aquellos atracos que se daban en los colectivos de la empresa COVEMASA que circulaban por la zona. La policía comprometió un aumento en los recorridos. Los vecinos quieren ahora mejoras en luminarias y arreglo de calles.

Los vecinos del barrio Los Eucaliptus, en el extremo de San Francisco Solano, lograron una respuesta policial inmediata luego de su reclamo de seguridad en los medios de transporte público de pasajeros que llegan a la zona. Y ahora van por más: dirigieron un pedido de mejoras a la Delegación Municipal.
El último jueves, el Foro vecinal de Seguridad de Quilmes Cuarta, presidido por Sergio Olivera, el capitán Eduardo Codina, el Jefe Distrital, inspector Andrés Jannsen, y representantes de la DDI quilmeña debatieron sobre el problema de la inseguridad, y acordaron soluciones en un encuentro en el que se dio una multitudinaria presencia de vecinos.
Cabe recordar que la ola de inseguridad se habían incrementado en forma acuciante en las últimas semanas, a punto tal que la empresa COVEMASA había decidido modificar el recorrido de sus ramales 585 y 278, única forma de vinculación en materia de transporte público para los vecinos del barrio Los Eucaliptus. La propuesta por parte de las autoridades policiales fue la de implementar fuertes refuerzos en materia de patrullaje en dos de las franjas horarias de mayor cantidad de atracos registrados. Estas son la que va desde las 22 a la 1, y por la mañana, desde las 3 a las 6.
Los móviles policiales acompañarán a las unidades desde su salida (en el caso de la Línea 585) hasta la rotonda del barrio Los Eucaliptus, que es el trayecto donde se daban los violentos robos a los choferes.

MEJORAS EN LA ZONA
No conformes con esto, y habiendo tomado nota en el encuentro con los funcionarios policiales que la seguridad se construye también con mejoras en otros sentidos, los vecinos decidieron plantear a la Delegación Municipal de la zona su reclamo. Piden mejoras en las calles y renovación de las luminarias que no están funcionando correctamente. Aseguran, además, que dada la situación de muchas de las calles del barrio, no sólo no pueden entrar patrulleros, sino tampoco remises ni ambulancias , destacó el presidente del Foro de Seguridad, Sergio Olivera. Y dijo que esto no sólo nos pone en una situación de indefensión, sino al mismo tiempo de aislamiento total .